El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart reaccionó con firmeza a la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A través de su cuenta en X, el legislador afirmó: “Mientras las guerrillas asesinas y terroristas reciben amnistía, el expresidente que salvó a Colombia del colapso narco-terrorista enfrenta 12 años de cárcel”.
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El congresista republicano ha sostenido encuentros con el exmandatario colombiano, con quien ha discutido los desafíos actuales que enfrenta Colombia y su impacto en la democracia regional y en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
En esas reuniones, donde también han participado líderes locales como el comisionado de la ciudad de Weston, Florida, Fabio Andrade, Díaz-Balart ha destacado la importancia de la alianza entre ambos países y el papel clave que jugó Uribe en fortalecer esa relación durante su gobierno.
“El presidente Uribe es un querido amigo y un valiente defensor de la libertad y la democracia”, expresó el legislador en sus redes sociales.
La noticia de la condena a Uribe también generó la reacción de la congresista María Elvira Salazar, que defendió al expresidente y arremetió contra el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.
“Uribe no está solo. Colombia entera sabe quién es quién. La historia ya lo juzgó: Uribe es el patriota que salvó a Colombia. Petro, la amenaza que quiere destruirla”, escribió en su cuenta de X.
En su pronunciamiento calificó a Petro como “ladrón, marxista y terrorista” y lo acusó de intentar “borrar su legado con persecuciones y una jueza corrupta al servicio de la extrema izquierda”.
Salazar profundizó en su respaldo a Uribe al destacar los logros de su gobierno. En otro mensaje, afirmó: “A Álvaro Uribe no le perdonan haber derrotado a las Farc, haberle devuelto la seguridad al pueblo colombiano y haber salvado a la nación del secuestro, la extorsión y el terror”.
Según la congresista, Uribe “le devolvió a Colombia la esperanza, el orden y el progreso” y por eso “millones lo llaman, con razón, el gran colombiano”.
Las reacciones de estos legisladores estadounidenses reflejan una visión polarizada sobre la situación política y judicial en Colombia.
Tanto Díaz-Balart como Salazar han denunciado lo que consideran una persecución política contra Uribe, cuestionando la legitimidad de las instituciones judiciales colombianas.
Para ellos, la condena no solo representa un revés personal para el expresidente, también simboliza un intento de reescribir la historia reciente del país y de deslegitimar los avances en seguridad y estabilidad alcanzados durante su mandato.
El impacto de la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez trascendió a la comunidad colombiana en el sur de la Florida, donde líderes locales y activistas expresaron su rechazo al fallo.
El senador republicano Rick Scott calificó el proceso como una “persecución terrible” y pidió apoyo internacional para el expresidente colombiano.
En una rueda de prensa en West Miami, el alcalde Eric Diaz-Padrón y Fabio Andrade, denunciaron lo que consideraron un “plan maquiavélico para afectar la democracia colombiana” y agradecieron el respaldo de congresistas estadounidenses como Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
En el encuentro también participó el congresista David Borrero, que cuestionó la acusación contra Uribe y pidió “total imparcialidad” a la justicia colombiana, comparando el caso con lo que considera una utilización política de la justicia en Estados Unidos.
Cerca de cien ciudadanos firmaron una carta de apoyo al expresidente, y reservistas de la Armada Nacional radicados en Florida ratificaron su respaldo.
El proceso contra Uribe, originado en 2012 por presunta manipulación de testigos, incluyó interceptaciones telefónicas y grabaciones que la jueza Sandra Heredia consideró válidas.
Para sectores afines a Uribe, el juicio tiene motivaciones políticas, percepción que se ha reforzado entre colombianos en el exterior.
El partido Centro Democrático manifestó respeto por la sentencia, pero advirtió que no permitirá que la justicia se convierta en escenario de disputas políticas.
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