Paloma Valencia se despachó contra Gustavo Petro por ‘decretazo’ que pondría en jaque a las EPS: “Es ilegal e inconstitucional”

“El famoso decretazo que está sacando el gobierno sobre el sistema de salud es abiertamente ilegal e inconstitucional”. Con esta contundente frase, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó el jueves 31 de julio su abierto rechazo al decreto 0858, publicado en la víspera, en el que prácticamente se llevó a cabo una ‘minireforma a la salud’, al cambiar la naturaleza de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el actual Gobierno.

En efecto, la Casa de Nariño divulgó el texto que redefine la estructura del sistema de salud en Colombia. El documento estableció un “modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”, centrado en los Centros de Atención Primaria (Caps); en un concepto que se centra, ni más ni menos, que en el corazón de la reforma frenada por la Comisión Séptima del Senado. El mismo desató una dura respuesta de la congresista opositora, que arremetió en las redes.

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“Cuando usted tiene unas funciones de las EPS dadas por ley, no puede dárselas a los territorios a través de decreto. Evidentemente, ley mata decreto”, indicó del Centro Democrático, en relación con la evidente inconformidad que desató el reciente decreto firmado por el primer mandatario, publicado oficialmente por el Gobierno y que, según la versión de la oposición, representa una imposición de la reforma a la salud que el Congreso rechazó en una oportunidad.

En ese sentido, no dudó en afirmar su ilegalidad. ”El Gobierno no puede modificar la estructura del sistema de salud con este mecanismo. Solo el Congreso puede hacerlo mediante una ley. Demandaré este decreto ante el Consejo de Estado. El futuro de la salud está en manos de este alto tribunal”. En palabras de la senadora, “es gravísimo tener un presidente que todos los días está buscando cómo romper la Constitución”, como si fuera una autocracia.

El modelo impone el traslado absoluto del control de los recursos financieros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad pública que, desde la entrada en vigor de la norma, quedará como pagador único de toda la red de servicios y prestaciones del país. Esto implica que el manejo directo de $101,2 billones, de acuerdo con cifras que difundió la entidad y que han sido citados por medios nacionales.

Según Valencia, con base en opinión de expertos, la capacidad operativa y la infraestructura técnica de la Adres no están a la altura del reto. “La Adres manejará $101,2 billones, sin demostrar capacidad técnica ni operativa para auditar millones de facturas. ¿La Adres está realmente preparado para manejar semejante carga administrativa y financiera?”, cuestionó la senadora en su pronunciamiento en sus perfiles, en una dura respuesta al presidente.

El decreto, que ha acaparado la atención de la opinión pública, también contempla la transformación de las EPS. A partir de ahora, estas dejarán de manejar recursos y asumirán el nuevo rol de gestoras, con lo que se limitarán a los aspectos administrativos y de tramitación, pero sin facultad para asumir riesgos financieros ni administrar fondos de la seguridad social. Una medida que está contemplada en la reforma que debe tramitarse en el Senado.

“Con este decreto, el presidente está acabando de facto con la función esencial de las EPS. Le quita la gestión financiera y la deja en cabeza de la Adres. Así, las EPS solo ayudarán en funciones administrativas y se pierde el control del riesgo”, afirmó Valencia, que también expresó su preocupación de cómo el referido decreto impone a las Entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, la organización de las redes de atención y la responsabilidad sobre los Caps.

“Este decreto aumenta la probabilidad de corrupción, burocracia y clientelismo en las regiones, porque se dan poderes de organización y contratación a las entidades territoriales sin mecanismos suficientes de control. Así se afecta la calidad de la atención y se profundizan las desigualdades regionales”, refirió la congresista, que estaría en el mismo sentido de otros congresistas e, incluso, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Y frente a cómo el Gobierno ha defendido el modelo, al argumentar su sentido preventivo y predictivo, y evita mencionar el margen de maniobra limitado en instancias políticas, la senadora recordó el intento de transformar el sistema educativo de los maestros bajo control estatal, a través de la Fiduprevisora, que dejó huellas profundas en el sistema, y múltiples quejas de los propios educadores, que se han visto perjudicados con esta especie de experimento.

“El Gobierno ya ha fracasado en el manejo de sistemas bajo su control directo. El modelo de salud del Magisterio, gestionado por Fiduprevisora, presenta graves fallas. En el primer mes de funcionamiento se presentaron 5.000 quejas formales. Hoy, vencen contratos con algunas IPS que prestan servicios a los maestros”, afirmó la senadora en su intervención, en una realidad que, acotó, se encuentra confirmada por los principales organismos de control.