“La aplicación anticipada de la reforma sin aprobación legislativa, pudiera configurar una extralimitación de funciones por reserva de ley y sin un plan de contingencia claro podría ponerse en riesgo de afectación al derecho fundamental a la salud por posible interrupción de tratamiento, especialmente pacientes con enfermedades raras o de alto costo y generar riesgos patrimoniales“, señaló la senadora Nadia Blel en un llamado que pone en el centro del debate la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la reforma al sistema de salud.
Su solicitud apunta a que estas entidades actúen de manera preventiva para proteger el derecho a la salud, tras la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Salud que reglamenta aspectos incluidos en la reforma a la salud, actualmente en trámite en el Congreso de la República y pendiente de discusión en la Comisión Séptima del Senado.
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La expedición del decreto por parte de la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo se publicó después que el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestara que el Gobierno estaba dispuesto a debatir la reforma en la Comisión Séptima, instancia a la que pertenece la propia Blel.
Esta coincidencia temporal fue interpretada por la senadora como una muestra de contradicción en la estrategia gubernamental. En palabras de la legisladora: “Incoherencia total. Mientras el Gobierno nacional impulsa una reforma a la salud en el Congreso y su ministro del Interior dice que hay ánimo para tramitarla, el ministro de Salud expide un decreto que no solo desconoce al Legislativo, sino que también excede su potestad reglamentaria”.
En ese contexto, la congresista acusó al Gobierno de buscar imponer su visión en el Legislativo, en lugar de propiciar un proceso de concertación. Según su análisis, el decreto expedido por el Ministerio de Salud representa una alteración del sistema de salud sin el debido debate parlamentario, lo que podría comprometer la atención y los tratamientos de los pacientes.
“Esto modifica el sistema de salud por la puerta de atrás, poniendo en riesgo, no solamente la atención y los tratamientos del paciente, sino que también es una clara evidencia de que desde el Gobierno se desprecia la institucionalidad y la democracia”, señaló la senadora en el oficio.
En el documento dirigido al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, Blel solicitó la emisión de una alerta preventiva sobre la ejecución del decreto, la implementación de una vigilancia especial sobre los giros que se realicen a partir de su entrada en vigor y la elaboración de un informe técnico que evalúe los riesgos para el sistema de salud colombiano .
A la Defensoría del Pueblo, la legisladora pidió la emisión de alertas tempranas para asegurar la continuidad de los tratamientos, la verificación del funcionamiento del sistema durante la transición al nuevo modelo y el acompañamiento a los usuarios que presenten tutelas por dificultades en el acceso al derecho a la salud.
Bajo la misma línea, la petición a la Procuraduría General de la Nación incluyó la solicitud de una medida de vigilancia especial sobre los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la elaboración de un informe técnico sobre los riesgos que enfrenta el sistema. El propósito de estas acciones es que la información recabada por las instituciones sea remitida a la Comisión Séptima del Senado, donde se analiza la reforma a la salud.
Por su parte, la senadora de la República Paloma Valencia, denunció en sus redes sociales que “#ElDecretazo pretende borrar las EPS y entregarle todas las funciones a las entidades territoriales. Las EPS tienen esas funciones por ley, y no se las pueden quitar por decreto, lo demandaremos y se caerá”.
Y agregó: “El decreto cambia por completo la estructura de dirección, administración y operación del modelo de salud, lo cual entra en una directa infracción con la ley 100; aunque dice que la reglamenta (ley 100 /93, Ley 1122/07, Ley 1438/11 entre otras )”.
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