En La Guajira, uno de los departamentos históricamente afectados por la escasez de agua potable, la compra de cuarenta carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) representaba una esperanza para mitigar la crisis humanitaria.
No obstante, la adquisición terminó convirtiéndose en el centro de un escándalo de corrupción que ahora deja saldos administrativos y disciplinarios para los exfuncionarios responsables.
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De hecho, año y medio después de que se destapara el escándalo en la entidad del riesgo, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 18 años del exdirector Olmedo de Jesús López Martínez y por 20 años del exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, señalados por irregularidades y el pago de sobreprecios “que superaron los 16 mil millones de pesos, equivalentes a más del 54 % respecto a los precios reales de mercado y de más de 412 millones por cada uno de los carrotanques”.
El caso, que desató una tormenta en 2024 para el Gobierno nacional, surgió tras la compra de estos vehículos para abastecer a comunidades vulnerables de agua potable, un proceso amparado bajo la emergencia humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022.
Según la Procuraduría, los implicados avalaron la adquisición “a través de actividades contractuales que produjeron detrimento del patrimonio público”, sin importar el evidente sobrecosto documentado por los órganos de control.
Además, se confirmó que, en el caso de Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, su actuación fue determinante al “rubricar la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora efectuara el pago al contratista”, lo que le valió la destitución e inhabilidad por 10 años.
En su análisis disciplinario, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento consideró prueba suficiente de que López Martínez y Pinilla Álvarez participaron activamente en la gestión del contrato adquiriendo vehículos con precios que superaban ampliamente el mercado, y que Pinilla omitió advertir que “las tres cotizaciones recibidas, superaban ampliamente el precio real del mercado”.
La ratificación de las órdenes de proveeduría, la estructuración contractual y la autorización de pagos se convirtieron en elementos decisivos para calificar el daño al erario y la responsabilidad individual de los exservidores públicos.
En relación con el cargo adicional contra Sneyder Pinilla, la Procuraduría manifestó que este certificó la recepción satisfactoria de los 40 vehículos “sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral, ya que los mismos no fueron utilizados para los fines previstos; esto es, la respuesta humanitaria... con el propósito de abastecer de agua a la comunidad de La Guajira”.
El fallo destacó que los funcionarios sancionados “desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública”, y catalogó sus actuaciones como “faltas gravísimas cometidas a título de dolo”.
De este modo, el órgano disciplinario cierra una etapa del polémico episodio, haciendo énfasis en la gravedad de los hechos y en la obligación de proteger los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.
Entretanto, el testigo principal del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la postura “selectiva” del presidente Gustavo Petro frente a los implicados en la red de corrupción, señalando que el mandatario ha dirigido sus ataques exclusivamente contra su persona y ha excluido de inmediato a otros presuntos responsables del Gobierno, como Carlos Ramón González, César Manrique, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Según reveló Blu Radio, López presentó una carta de siete páginas, fechada el 14 de julio en Washington, en la que solicita la intervención urgente de la Cidh por lo que define como una situación de riesgo, desprotección y afectación de sus derechos fundamentales por parte del Estado colombiano.
En el documento, López reconoce su participación dentro de la estructura criminal de la Ungrd y explica que, tras asumir su responsabilidad, optó por colaborar con la justicia, aportar pruebas e información relevante al caso.
En su denuncia, el exfuncionario sostiene que existe un trato desigual en el proceso judicial contra los señalados por el escándalo. López indicó que otros implicados han recibido beneficios judiciales sin aportar información de calidad, alcance o impacto comparable, hecho que, según afirma, “vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la buena fe y la seguridad jurídica”.
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