Operativos en Bogotá dejan cierre de bares y decomiso de armas: menor de edad fue puesto a disposición del Icbf

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá realizó operativos interinstitucionales en tres localidades al sur y al occidente de la ciudad que levó a la suspensión de operaciones comerciales de varios establecimientos nocturnos, así como la incautación de licor vencido, armas blancas y la restitución de derechos de una menor de edad.

Las operaciones dejaron como resultado una menor de edad que se encontraba en un establecimiento de comercio a altas horas de la noche en la localidad de Usme. De acuerdo con la información entregada por las entidades distritales, luego del hallazgo, se activaron los protocolos pertinentes junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para garantizar la protección y el restablecimiento de derechos de la menor.

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A su vez, en el sector de Hayuelos, localidad de Fontibón, los operativos se centraron en la verificación de las normas en siete establecimientos. Sin embargo, en uno de estos, los funcionarios distritales, junto con uniformados de la Policía, encontraron 21 botellas de cerveza con fechas de vencimiento que iban a ser comercializadas, lo que obligó a su incautación por el riesgo a la salud de los usuarios.

Los operativos de verificación en los comercios se extendieron al barrio Minuto de Dios, en la localidad de Engativá, donde también impactaron en siete establecimientos, de los cuales cinco operaban sin contar con la documentación legal requerida, por lo cual las entidades suspendieron las actividades comerciales.

En estos lugares también fueron encontradas armas blancas que fueron confiscadas por las autoridades competentes, lo que se sumó a la imposición de comparendos a tres ciudadanos por comportamientos contrarios al Código de Convivencia.

Cabe señalar que los operativos fueros parte de una articulación entre la Administración distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá como parte de la estrategia de control urbano y ciudadanías seguras, que hacen parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia; promulgado inicialmente en diciembre de 2020 por la exalcaldesa Claudia López y renovado en agosto de 2024 por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Dicho plan busca proteger a las poblaciones vulnerables que puedan verse afectados por cuenta de actuaciones de las autoridades para ratificar el control de los sectores en donde se registran crecimientos en las cifras de inseguridad. Bajo esta premisa se adelantó el restablecimiento de los derechos de la menor encontrada en Usme.

A su vez, el plan establece líneas de acción como la prevención y la protección a grupos vulnerables, con especial atención a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, además de la prevención y atención a la violencia de género.

De acuerdo con la Administración distrital el plan fue construido con la participación ciudadana, mediante encuestas, formularios virtuales y talleres con alcaldías locales en las 20 localidades, en las que intervinieron cerca de 20 entidades en el diseño, a través de sesiones virtuales y mesas de trabajo interinstitucionales.

Entre las medidas que plantea la estrategia, destaca el modelo renovado de servicio de Policía, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal, la dotación de tecnología a las autoridades y la modernización del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Sumado a eso, también se contempla programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, enfocado en las poblaciones de sectores vulnerables, iniciativas de mediación y resolución pacífica de conflictos y un seguimiento especial a los casos de violencia policial.

Finalmente, el plan incorpora enfoques de cultura ciudadana, género, atención diferenciada a infancia y juventud, y perspectiva territorial como respuesta a la crisis de inseguridad que produjo la pandemia por covid-19 en la ciudad.