“Bogotá está siendo gobernada por la delincuencia. Los criminales hacen lo que quieren y no hay autoridad. Le exijo al alcalde Carlos Fernando Galán medidas concretas y efectivas”, reclamó la cabildante Diana Diago en una sesión reciente del Concejo.
Esta declaración, que resume la frustración de buena parte del sector comercial y de la ciudadanía, pone en primer plano la crisis de inseguridad que atraviesa la capital colombiana. De acuerdo con la cabildante del Centro Democrático, en tan solo año y medio de la administración de Galán, se han registrado 14.778 denuncias de hurtos a establecimientos comerciales.
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La preocupación por la seguridad en Bogotá no es nueva, pero los datos recientes muestran una tendencia al alza que inquieta tanto a comerciantes como a residentes. Según la información presentada por Diago y recogida por el Concejo, en 2024 se produjeron 30 robos diarios a comercios, mientras que en lo que va de 2025 la cifra se mantiene en 22 robos cada día, lo que equivale a uno cada hora.
Dicha frecuencia convierte al hurto en una amenaza constante para el sector productivo, que, en palabras de la concejal, “debe tener garantías mínimas de seguridad”. Diago recordó que en 2024 la ciudad vivió “una de sus épocas más oscuras”, con delincuentes que irrumpían casi a diario en locales para asaltar a los clientes, y cuestionó la efectividad de las estrategias implementadas por la administración, como las denominadas “patrullas gourmet”.
El eslogan oficial de la alcaldía, “Bogotá camina segura”, contrasta con la percepción de los empresarios y comerciantes, quienes aseguran que ni caminan seguros ni pueden trabajar con tranquilidad. Para Diago, la seguridad es un requisito indispensable para el desarrollo económico de la ciudad: “Si queremos que Bogotá progrese, hay que fortalecer la seguridad”, insistió.
El análisis de los métodos empleados en los robos a comercios durante 2025 reveló que la mayoría de los casos, 3.164 incidentes (83%), se perpetraron sin uso de armas. El resto de los hurtos involucró armas de fuego en 309 casos (9%), armas contundentes en 147 (4%), palancas en 81 (3%) y armas blancas en 53 (2%). Esta distribución evidencia que la intimidación y la violencia física siguen presentes, aunque la mayor parte de los delitos se cometen sin recurrir a armamento.
La crisis de seguridad no se limita al sector comercial. El concejal Julián Rodríguez Sastoque, del Partido Alianza Verde, advirtió sobre la insuficiencia de la fuerza pública en la ciudad. Según el estándar internacional de la ONU, que recomienda 300 policías por cada 100.000 habitantes, Bogotá debería contar con al menos 23.814 uniformados.
Sin embargo, la cifra actual es de 16.153 policías, lo que representa un déficit superior al 32%, es decir, más de 7.600 agentes menos de los requeridos. Sastoque expuso estos datos durante la Rendición de Cuentas del Concejo, donde subrayó que esta “falta estructural de pie de fuerza limita seriamente la capacidad de respuesta frente a la creciente inseguridad que padecen los ciudadanos”.
La Policía Metropolitana de Bogotá, en respuesta a un derecho de petición presentado por el equipo de Sastoque, explicó que la asignación de personal depende de decisiones del Gobierno nacional. Para el concejal, lo anterior demuestra que el presidente Gustavo Petro “le sigue dando la espalda a la ciudad en esta materia crítica”.
El déficit de policías coincide con un repunte de los delitos de alto impacto. Hasta el 30 de junio de 2025, Bogotá registró 575 homicidios, 43 más que en el mismo periodo de 2024, superando las cifras del año anterior, que ya había sido el más violento de los últimos ocho años.
Sastoque puntualizó que “en lo corrido del año, solo en febrero y abril logramos cifras inferiores a las del año anterior. La tendencia es alarmante. ¿Cómo vamos a frenarla si, mientras los grupos criminales se fortalecen, la ciudad carece del personal necesario para enfrentarlos?”.
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