Las reacciones no tardaron en llegar tras conocerse que César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), deberá permanecer en prisión preventiva mientras se esclarece su papel en la trama de corrupción que desangró las arcas públicas a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial, no pasó por alto el anuncio judicial, y en medio de su recolección de firmas, celebró la decisión judicial como un “acto elemental de justicia” y un hito en la lucha contra lo que llamó “la podredumbre institucional que nos tiene al borde del colapso ético”.
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Su mensaje fue compartido en su cuenta en la red social X, la líder política fue enfática: “Así debe ser la justicia, imparcial con todos, y eficaz ante cualquier delito y cualquier delincuente. Que paguen todos, que prime el imperio de la Ley y que enfrentemos sin tregua la corrupción, la criminalidad y todo abuso de poder, venga de donde venga”.
La exalcaldesa de Bogotá, ahora inmersa de lleno en la contienda política por sus aspiraciones presidenciales, provocó controversia tras su salida del Partido Verde. Sus críticos sostienen que abandonó la línea centroizquierdista que antes defendía, y que actualmente se inclina hacia posturas más cercanas a la derecha, adoptando discursos más severos y exigentes.
Prueba de ello, aseguran, es su insistente llamado a que se impongan sanciones ejemplares a quienes incurran en delitos, especialmente aquellos vinculados a la corrupción dentro del aparato estatal.
Caso de corrupción en la Ungrd: más personas salieron salpicados
La decisión judicial que desató la reacción de Claudia López se produjo tras semanas de audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación expuso el entramado detrás del millonario desfalco. Según la jueza penal de control de garantías que dictó la medida de aseguramiento, no existe evidencia de que los implicados actuaran bajo los parámetros de la legalidad, lo cual justificó la privación de la libertad.
Además de Manrique Soacha, otras siete personas quedaron vinculadas al proceso judicial, en los que figuran familiares, excontratistas y representantes de la Corporación Mixta Yapurutú, entre ellos Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros y la cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, que habrían servido como engranajes de una red que operó entre marzo de 2023 y mayo de 2025.
La estructura criminal, según el ente acusador, fue diseñada para desviar fondos públicos mediante contratos inflados y direccionados, simulando procesos de selección que favorecían a los mismos beneficiarios. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos y falsedad documental. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Estas son las cifras que son investigadas como desfalco
Las pesquisas de la Fiscalía revelaron que al menos $100.000 millones fueron extraídos irregularmente de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Como parte del soborno, Manrique Soacha habría recibido un porcentaje de las ganancias, pactado en un 7%, a cambio de facilitar la entrega de los contratos y asegurar su ejecución por empresas afines.
Uno de los episodios más polémicos gira en torno al contrato para la entrega de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en comunidades indígenas de La Guajira. Según las autoridades, esta operación habría sido orquestada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, que ejercían como director y subdirector de la Ungrd, respectivamente. La investigación alcanzó a varios congresistas y altos cargos del Gobierno, salpicados por su presunta participación en esta compleja red de corrupción.
Aunque la iniciativa buscaba atender necesidades urgentes en zonas vulnerables, el proyecto derivó en un sobrecosto estimado en $13.164 millones. De este monto, cerca de $3.000 millones fueron a parar al bolsillo de Manrique, mientras que otros $8.000 millones se repartieron entre intermediarios y directivos de la Corporación Mixta Yapurutú.
Según la jueza del caso, los indicios recopilados muestran que los acusados “no cesarían en su conducta delictiva” y que su permanencia en libertad comprometería tanto el proceso judicial como la recuperación de los recursos desviados.
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