El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer este lunes un paquete de acciones encaminadas a fortalecer la supervisión técnica y operativa en las estaciones de servicio (EDS) dedicadas a la venta minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en todo el país.
La iniciativa, que contará con el respaldo del Ministerio del Trabajo, busca establecer un mayor nivel de vigilancia para garantizar que estos establecimientos operen bajo estándares de seguridad robustos y que se cumplan condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector.
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De acuerdo con información confirmada por Colprensa, el plan contempla la ejecución de inspecciones detalladas en diferentes estaciones de servicio ubicadas en diversas regiones del territorio nacional.
Durante estas visitas, se revisarán aspectos como la capacitación del personal que atiende a los usuarios, la disponibilidad y correcto uso de equipos de protección personal, así como la existencia y funcionamiento de sistemas contra incendios y la aplicación de protocolos de emergencia en caso de situaciones de riesgo.
El objetivo, según detallaron las autoridades, es fortalecer la operación responsable de estos puntos de distribución minorista, de tal manera que se minimicen riesgos para los clientes y se garanticen espacios de trabajo más seguros para quienes laboran diariamente en la atención al público y el manejo de sustancias inflamables.
El Ministerio de Minas aclaró que estas nuevas disposiciones están dirigidas de forma exclusiva a los distribuidores minoristas, es decir, aquellos que venden combustibles directamente al consumidor final.
Los mayoristas, que se encargan de abastecer grandes volúmenes de combustible a empresas o estaciones de servicio, continuarán rigiéndose por regulaciones propias que no se ven afectadas por esta circular.
“Estamos intensificando los controles técnicos y operativos en las estaciones de servicio para garantizar la seguridad de los usuarios y el bienestar de los trabajadores. Nuestro compromiso es que estas instalaciones funcionen bajo estrictos estándares legales y técnicos, asegurando operaciones responsables que respeten la dignidad y los derechos laborales”, indicó el ministro de Minas, Edwin Palma.
Con este plan, el Gobierno busca reforzar la confianza de los ciudadanos y los trabajadores en la operación de las estaciones de servicio, subrayando la importancia de cumplir con la normatividad vigente y promover prácticas seguras y responsables en toda la cadena de distribución de combustibles.
Las autoridades señalaron que la articulación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo permitirá realizar un seguimiento más riguroso a las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las EDS, atendiendo tanto la seguridad industrial como los derechos laborales de los empleados.
El sector de combustibles líquidos es considerado estratégico por su alto impacto en la movilidad y la economía del país.
Por ello, garantizar su correcta operación y la protección de quienes laboran en estas estaciones forma parte de los compromisos prioritarios del Gobierno para fortalecer la seguridad y la formalización laboral.
Con estas medidas, se espera además fomentar la cultura de la prevención de riesgos y la actualización permanente de las prácticas operativas en los establecimientos, contribuyendo así a una prestación del servicio más eficiente y segura para millones de usuarios en Colombia.
Estaciones de gasolina no tendrían cómo asumir la eliminación del subsidio del diésel
El presidente del Comce, David Jiménez Mejía, insistió en la imposibilidad de aplicar el esquema propuesto en las condiciones actuales: “El diésel se compra hoy a un precio único en las plantas mayoristas. ¿Cómo se supone que una estación venda a dos precios distintos? ¿Cómo controlar qué cliente usa qué vehículo y cuánto consume?”, cuestionó el dirigente en diálogo con El Colombiano.
La inquietud se fundamenta en la ausencia de herramientas tecnológicas y procedimientos claros que permitan identificar el tipo de vehículo y aplicar el precio correspondiente en cada transacción.
El antecedente más cercano que alimenta el escepticismo del gremio se remonta a septiembre de 2024, cuando el Gobierno decretó un aumento súbito de más de $1.900 por galón (aproximadamente 502 pesos por litro) en plena madrugada de un sábado. La medida, revertida días después tras el paro camionero, dejó a muchas estaciones con inventarios adquiridos a precios elevados que debieron venderse por debajo del costo, lo que, según el Comce, generó pérdidas superiores a los $20.000 millones.
“El Gobierno revirtió un aumento del diésel de más de $1.900 por galón luego de haberlo decretado un sábado en la madrugada.Muchas estaciones compraron a mayor precio y luego tuvieron que vender por debajo del costo, generando pérdidas por más de $20.000 millones”, recordó Jiménez Mejía aEl Tiempo.
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