Nueva modalidad de extorsión en Antioquia: tercerizan sus delitos contratando desde la cárcel

En el municipio de Nariño, al oriente de Antioquia, la preocupación entre los comerciantes ha crecido tras la captura de un hombre de 27 años, señalado de disparar contra la vivienda de un comerciante local como parte de una intimidación vinculada a una nueva modalidad de extorsión.

Según reportó la Policía Nacional, los responsables de estos actos violentos operan bajo las instrucciones de internos en centros carcelarios, quienes subcontratan a terceros para ejecutar amenazas en contra de quienes se niegan a pagar extorsiones.

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De acuerdo con las declaraciones del teniente coronel Óscar Fabián Quelal Acosta, comandante en el Distrito 13 de la Policía en Sonsón, esta táctica consiste en reclutar a sujetos externos desde la cárcel, con el objetivo de presionar a comerciantes mediante actos intimidatorios directos, como disparos a las fachadas de sus viviendas.

“Venía específicamente con la directriz de llegar y generar unos disparos a algunas de las viviendas, esto utilizándolo como un método de presión para que las personas paguen las cuotas extorsivas”, afirmó el teniente coronel Quelal.

Sobre el incidente que encendió las alarmas, el propietario afectado relató: “Desde hace días me han estado llamando a pedirme plata con amenazas, mandan mensajes desde diferentes números y como yo no les he prestado atención ya lo que hicieron fue mandar a un hombre para que hiciera disparos en la puerta de mi casa, y pues eso nos tiene preocupados”.

Esta denuncia impulsó una investigación policial cuyas labores de inteligencia permitieron la reciente detención del presunto atacante.

El sospechoso, procedente de Norcasia, Caldas, ya tenía antecedentes por delitos relacionados con el porte de estupefacientes y hurto, según informó la Policía.

El hombre habría recibido instrucciones explícitas para desplazarse hasta Nariño y ejecutar disparos contra la vivienda, acción que forma parte de una estrategia de intimidación destinada a forzar el pago de sumas exigidas en la extorsión.

La modalidad detectada implica la articulación de reclusos con estructuras delictivas externas, configurando así un fenómeno que ha generado alerta tanto en la población como en las autoridades locales.

Tal como explicó el teniente coronel Quelal, “los delincuentes, al parecer, son subcontratados por personas privadas de la libertad, para que intimiden por medio de disparos en las viviendas de comerciantes que se niegan a pagar extorsiones”.

Las investigaciones permitieron identificar patrones en la selección de víctimas y el método de contacto. Además de llamadas telefónicas desde diversos números y la reiteración de amenazas, algunas de las acciones han incluido el desplazamiento de personas armadas hasta los domicilios o locales de los comerciantes.

La Policía ha reforzado los operativos en la región, manteniendo constante vigilancia y atención a nuevas denuncias presentadas por residentes y empresarios.

Ante el aumento de este tipo de casos, la Policía de Antioquia ha intensificado sus llamados a la población para reportar cualquier actividad inusual o sospechosa. El propio teniente coronel Quelal subrayó la importancia de la colaboración ciudadana y reiteró el compromiso institucional para dar respuesta inmediata a estas denuncias.

“Si no me pagan, mato al niño”. Esa amenaza, lanzada durante una extorsión en el departamento de Antioquia, marcó el comienzo de un caso que conmocionó a la comunidad local, luego de que un menor de tres años se convirtiera en objeto de intimidación directa por parte de presuntos miembros del clan del Golfo.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó el ingreso de Yeferson Múnera Herrera, conocido como alias El Encapuchado, a un centro carcelario tras ser acusado de extorsionar a una familia y de amenazar la vida de un niño pequeño en el municipio de La Estrella.

De acuerdo con los detalles publicados por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2025, cuando dos hombres armados ingresaron sin autorización a una vivienda ubicada en la vereda La Bermejala, en zona rural de La Estrella.

Al identificarse como miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), exigieron a los habitantes de la casa el pago de una suma millonaria bajo la modalidad de “vacuna”, garantizando seguridad a cambio de una cuota económica durante cuatro años.

La presión ejercida por los supuestos integrantes del grupo armado no se limitó a una simple transacción extorsiva. Los atacantes recurrieron a la amenaza directa contra la integridad de uno de los integrantes más vulnerables de la familia, usando la vida del niño como mecanismo de coacción.