El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, expresó inquietud ante la posibilidad de que el gobierno colombiano modifique su posición histórica sobre la extradición de personas solicitadas por la justicia estadounidense.
Así lo dejó claro en entrevista con El Tiempo, donde hizo énfasis en la colaboración que ambas naciones han tenido durante décadas en materia judicial y en el combate al narcotráfico.
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McNamara valoró de forma positiva la cooperación bilateral en materia de justicia penal, resaltando el envío de 169 personas a Estados Unidos durante el último año bajo ese mecanismo.
Según el diplomático, “este es un número grande, y este año seguimos por cifras altas”. No obstante, advirtió que Washington observa con atención la lista creciente de excepciones o suspensiones para posibles extraditables, motivada en parte por su participación en procesos de paz, lo que representa una preocupación para su país.
“Nos preocupa la creciente lista de exenciones o suspensiones (de narcos solicitados) en el año 2025 por estar involucrados en el proceso de paz”, expresó McNamara, citado por El Tiempo.
El funcionario insistió en que, si bien Estados Unidos respalda los esfuerzos por la paz de Colombia, considera que no deben generarse condiciones que favorezcan la impunidad, especialmente cuando se trata de personas que continúan involucradas en actividades ilícitas.
Recordó su historial personal como observador de los avances colombianos en seguridad y democracia, y subrayó la fortaleza de los lazos entre ambos países: “La relación integral entre los Estados Unidos y Colombia es duradera y sólida, con una trayectoria de más de 200 años”.
El diplomático también mencionó los grandes logros conjuntos en materia de incautaciones de cocaína, atribuyéndolos a una relación bilateral estrecha y operativa entre autoridades de ambos países.
Sin embargo, puntualizó que la expansión del cultivo de coca es motivo de alerta. Al respecto, McNamara expuso al citado medio que actualmente existen más de 250.000 hectáreas de coca en Colombia y calificó como “notable” la meta gubernamental de erradicar 30.000 hectáreas en el año en curso, aunque advirtió sobre el ritmo lento de erradicación.
En cuanto a las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo colombiano que proponen beneficios judiciales a cabecillas criminales, McNamara se mostró cauto y puntualizó que el enfoque de Estados Unidos es mantener comunicación reservada en asuntos internos y de soberanía colombiana.
No obstante, indicó que toda política sobre extradición debe atender el principio de justicia para las víctimas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
“Si (esas personas) son suficientemente culpables como para que nosotros pidamos la extradición, que es un proceso costoso, que toma tiempo, nosotros pedimos que lo tomen en serio como lo han hecho y que sigan colaborando con nosotros”, declaró McNamara en la entrevista publicada por El Tiempo.
Consultado sobre la polémica por eventuales penas reducidas o privilegios económicos para extraditables, el funcionario estadounidense reiteró la importancia de salvaguardar los intereses de las víctimas y la vigencia de la cooperación bilateral.
Remarcó que la decisión final radica en las autoridades colombianas, pero pidió mantener la seriedad en torno a las solicitudes de extradición.
Por otra parte, McNamara respondió a cuestiones sobre relaciones económicas, en especial la incertidumbre de empresarios ante posibles cambios en aranceles y regulaciones comerciales.
Reafirmó el rol de Estados Unidos como principal socio de Colombia y destacó la relevancia del canal diplomático abierto para resolver diferencias en materia comercial.
“El comercio y la inversión bilateral se han expandido significativamente, con casi 55.000 millones de dólares en comercio y bienes y servicios en 2024”, sostuvo ante El Tiempo.
El diplomático también se refirió a la competencia de potencias extranjeras en el escenario económico y comercial, pero enfatizó que la relación entre Estados Unidos y Colombia se sustenta en valores democráticos compartidos y confianza institucional. “Somos países que respetamos la ley, los contratos, los acuerdos formales”, expresó.
Finalmente, McNamara concluyó que la alianza entre ambos países enfrenta desafíos, pero cuenta con mecanismos y disposición para superarlos, siempre en beneficio de sus pueblos y bajo una relación de respeto mutuo.
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