
El mecanismo de Obras por Impuestos se ha consolidado en Antioquia como una estrategia clave para movilizar recursos privados hacia la construcción de infraestructura y la provisión de servicios básicos en municipios con altos índices de vulnerabilidad y rezago.
Desde 2018, este departamento registra 79 iniciativas en marcha mediante esta modalidad, con una inversión acumulada que ronda el billón de pesos, posicionándose como la región con más proyectos aprobados bajo esta figura a nivel nacional.
La herramienta, creada en 2016 como parte de los instrumentos para impulsar la implementación del Acuerdo de Paz y la reforma tributaria de ese año, permite a grandes contribuyentes destinar hasta el 50 % del impuesto de renta a la ejecución directa de obras sociales, evitando el paso de los recursos por la administración central.
Bajo este esquema, empresas con ingresos brutos superiores a 33.610 UVT pueden presentar propuestas ante la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), siempre que los proyectos se realicen en municipios clasificados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) o dentro del programa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
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Cifras e inversiones a gran escala
En lo que va de 2024, Antioquia concentra el mayor paquete de proyectos del país: 21 intervenciones valoradas en conjunto en $381.000 millones, lo que equivale al 40% de la bolsa nacional para este mecanismo. Entre ellas destaca el acueducto de Nueva Colonia, en Turbo, cuya inversión de $112.743 millones lo convierte en la obra más grande aprobada hasta ahora mediante esta modalidad.
El grueso de las iniciativas aprobadas para este año corresponde a infraestructura vial, con una inversión superior a $158.000 millones para mejorar la conectividad de zonas que, de otro modo, deberían esperar la asignación de recursos del Gobierno o del presupuesto departamental, actualmente insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades. En Antioquia, la red vial bajo responsabilidad departamental supera los 3.000 kilómetros, y su intervención simultánea exigiría recursos por encima de los $11 billones, monto inalcanzable frente al presupuesto total del departamento, que en 2024 se fijó en $6,8 billones para atender todos los frentes de gasto.
Entre las intervenciones recientes se destaca la vía Camparrusia - Dabeiba, en el Occidente antioqueño. Con una inversión de $18.000 millones y una extensión de cuatro kilómetros, la obra beneficia a unas 23.000 personas al reducir de media hora a seis minutos el tiempo de desplazamiento. Esta carretera hace parte de un paquete de tres proyectos financiados por empresas privadas que suman más de $45.000 millones, cifra nueve veces superior al presupuesto de inversión de un municipio como Dabeiba. Además, durante su construcción se generaron 160 empleos entre directos e indirectos.

El avance de este mecanismo ha sido posible gracias a la articulación entre el sector público y privado. Según Horacio Gallón Arango, secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, esta alternativa contribuye a sortear la complejidad burocrática de los trámites presupuestales y acelera la llegada de soluciones concretas a comunidades históricamente olvidadas. Por su parte, empresas como Cementos Argos, Grupo BIOS, Bancolombia, Microplast, Nutresa, Industrias Aliadas, Sura, Alternativa de Moda y Arquitectura y Concreto han participado de manera activa en la financiación y ejecución de varias de estas obras.
Un actor que ha tenido protagonismo en este proceso es Proantioquia, que desde 2021 gestiona una plataforma para identificar y priorizar necesidades, así como para orientar a las compañías interesadas en sumarse. La entidad ha facilitado el incremento sostenido de la inversión: tras un inicio fuerte en 2018, con $87.000 millones, el mecanismo mostró variaciones en los años siguientes, pero a partir de 2022 repuntó con más de $100.000 millones anuales, hasta superar los $380.000 millones previstos para este año.

Proyectos como la pavimentación de tramos viales Colorado – Nechí, Amalfi – Chorritos y Anorí – Campamento, junto con la construcción de un colegio en El Bagre, complementan la lista de iniciativas que se ejecutarán próximamente. Estos planes cuentan con la asistencia técnica de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, que acompaña a las empresas para estructurar y presentar correctamente sus propuestas ante la ART.
El modelo antioqueño ha servido de referencia para otras regiones como Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Chocó y Bolívar, que replican el esquema de articulación técnica y empresarial impulsado por Proantioquia. Según Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de esa entidad, este éxito es resultado del compromiso del empresariado local, la coordinación institucional y la identificación precisa de las prioridades en cada territorio.
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