El Gobierno de Ecuador respondió a las preocupaciones expresadas por Colombia sobre la supuesta deportación colectiva de ciudadanos colombianos detenidos en ese país.
Mediante un comunicado oficial, la Cancillería ecuatoriana afirmó que todos los procedimientos de deportación se ajustan al marco legal vigente, respetan el debido proceso y cumplen con los estándares internacionales en derechos humanos.
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La controversia surgió después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia difundiera el viernes 25 de julio un pronunciamiento en torno a los procesos de deportación implementados por Ecuador.
Frente a ese escenario, la Cancillería ecuatoriana emitió un documento en el que rechaza categóricamente la afirmación sobre una supuesta deportación masiva, aclarando que cada caso se ha manejado de forma individual, con resoluciones motivadas y autorizaciones judiciales específicas.
En el texto oficial, el Gobierno de Ecuador enfatiza: “La autoridad competente emite resoluciones individuales motivadas, con boletas judiciales de excarcelación debidamente autorizadas”.
Esta declaración apunta a respaldar la transparencia y legalidad de todos los trámites relacionados con la migración y los procesos de retorno de personas privadas de la libertad, en particular ciudadanos colombianos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador subrayó la importancia de seguir el protocolo legal establecido y de notificar a las autoridades consulares de Colombia.
Según el documento, desde el 8 de julio se comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito sobre los procesos individuales de deportación, utilizando los canales diplomáticos correspondientes. Esta medida busca garantizar la información oportuna y la coordinación frente a cualquier acción que involucre a ciudadanos extranjeros.
En la comunicación oficial, la Cancillería ecuatoriana expresó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha comunicado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático”.
Se destaca además que la ejecución de estas deportaciones se realiza en coordinación con la Policía Nacional, lo cual, a juicio del Gobierno ecuatoriano, asegura que el procedimiento se desarrolle de manera segura, ordenada y conforme a la legislación vigente.
El rechazo a la idea de una deportación colectiva está acompañado de una renovación del compromiso de Ecuador con las obligaciones internacionales que rigen la protección de los derechos humanos.
La Cancillería sostiene que, lejos de una acción arbitraria, existe un seguimiento individualizado para cada colombiano involucrado, desde la resolución administrativa hasta la excarcelación, pasando por todas las instancias previstas en la normativa ecuatoriana y el derecho internacional.
“El Gobierno del Ecuador reitera su compromiso con una política migratoria responsable, que salvaguarda los derechos fundamentales de todas las personas involucradas y se desarrolla en estricto apego a la ley y al derecho internacional”, indica el texto emitido desde Quito.
Además, el pronunciamiento reitera la colaboración existente con el gobierno colombiano y manifiesta la disposición permanente del Estado ecuatoriano para mantener el diálogo y la cooperación bajo el principio de igualdad soberana entre ambos países.
De acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería, la Subsecretaría de Migración, dependiente del Ministerio del Interior, es la autoridad encargada de llevar adelante los procesos de deportación.
Esta entidad garantiza el respeto por el debido proceso, emitiendo resoluciones fundamentadas y gestionando las boletas de excarcelación requeridas por la autoridad judicial especializada.
Las deportaciones, según el Gobierno del Ecuador, no solo cumplen con las leyes locales, sino que observan los lineamientos internacionales sobre el trato a las personas migrantes y privadas de la libertad.
El comunicado también señala que la coordinación con la Policía Nacional fortalece la legalidad y seguridad de los procedimientos. Cada paso responde a protocolos claros que buscan minimizar riesgos tanto para las personas sujetas a deportación como para el personal administrativo y policial que interviene en estas acciones.
Ecuador resalta la importancia de mantener una política migratoria basada en la responsabilidad, el respeto y la legalidad, frente al creciente desafío que representa la migración internacional y los fenómenos asociados a la criminalidad transnacional.
La administración ecuatoriana insiste en que no existen acciones de deportación arbitraria o masiva y que todo ciudadano extranjero involucrado en procedimientos migratorios cuenta con el derecho a la defensa y a un trato digno, conforme a los principios que inspiran el sistema internacional de derechos humanos.
En el contexto de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, el gobierno de Quito reafirma que la cooperación y el diálogo permanente son la base para abordar situaciones complejas como la repatriación y deportación de personas privadas de la libertad.
El Ejecutivo ecuatoriano aseguró que mantendrá abiertos todos los canales institucionales para avanzar en soluciones concertadas con su par colombiano, respetando siempre la soberanía nacional y el derecho internacional aplicable.
Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador subraya que este enfoque responde a las obligaciones internacionales asumidas y representa un compromiso sostenido con la protección de los derechos de los migrantes.
La Cancillería ecuatoriana concluyó reiterando la disposición al diálogo y a la cooperación bilateral, llamado que busca distender la preocupación manifestada por parte del gobierno de Colombia y ratificar la voluntad de Quito de actuar conforme a la normativa y a los acuerdos internacionales suscritos por el país.
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