El ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que más de 600 colombianos fueron expulsados de Ecuador en los últimos días.
De ese grupo, cerca de 450 ya ingresaron al país, mientras que el resto permanece en el paso fronterizo de Rumichaca, aguardando su ingreso.
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El proceso de repatriación se desarrolla bajo la supervisión directa de la canciller (e) Rosa Villavicencio, que representa al Gobierno en la coordinación de la respuesta humanitaria y legal.
Al momento solo se cuenta con los antecedentes judiciales de 348 de los expulsados, informó la Cancillería de Colombia.
Esta cifra revela la magnitud de los desafíos administrativos y legales que enfrenta el país tras la reciente deportación masiva de ciudadanos desde Ecuador.
En el puente internacional de Rumichaca, la ministra Villavicencio encabeza las operaciones para asegurar que los connacionales reciban un trato digno en su retorno, según comunicó el Gobierno nacional.
El operativo tuvo lugar después de que, el viernes 25 de julio, la Cancillería colombiana advirtiera mediante un comunicado que Ecuador daría inicio a la deportación de colombianos sin diseño previo de un protocolo conjunto que garantizara condiciones dignas y seguras para las personas trasladadas.
El Gobierno de Gustavo Petro había solicitado abiertamente a su contraparte ecuatoriana la creación de un mecanismo bilateral que permitiera identificar plenamente a los deportados, verificar su situación jurídica y asegurar el respeto a sus derechos durante el proceso.
En el mensaje difundido a través de la cuenta oficial de X de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó: “El Gobierno del Ecuador, de manera unilateral, ha dado inicio hoy al proceso de deportación de nacionales colombianos que se había anunciado días atrás.
Lo anterior, desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado”.
La Cancillería agregó en la misma comunicación que las autoridades ecuatorianas iniciaron el proceso de deportación “sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.
El Gobierno colombiano, a través de canales diplomáticos, expresó su “más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país”, al tiempo que anunció una evaluación de acciones para atender la situación y prevenir “arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país”.
En el terreno, la delegación encabezada por Rosa Villavicencio se unió al despliegue de entidades nacionales y locales para recibir a las personas deportadas y brindarles apoyo ante la contingencia.
Las autoridades territoriales de Nariño, junto con instituciones de derechos humanos y organismos de cooperación, organizaron puntos de atención en las inmediaciones del Puente de Rumichaca. Allí se ofrecieron servicios de asistencia humanitaria, orientación jurídica y apoyo psicosocial a los connacionales que cruzaron la frontera como parte del proceso de deportación.
Algunos de los ciudadanos colombianos retornados manifestaron desconocer los motivos exactos de su expulsión y expresaron inquietud ante la falta de claridad sobre su situación legal en Ecuador.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil señalaron la urgencia de que ambos gobiernos implementen un mecanismo coordinado, no solo para garantizar derechos, sino para evitar procedimientos arbitrarios que puedan generar riesgos adicionales.
La Cancillería reiteró que la deportación masiva de colombianos, sin el debido proceso ni un protocolo concertado, afecta de manera directa los principios consagrados en los tratados internacionales de protección a los derechos humanos y la movilidad humana.
En Ecuador, fuentes oficiales explicaron que la decisión se tomó como parte de un operativo para fortalecer el control migratorio, aunque no presentaron detalles públicos sobre los criterios utilizados ni sobre la existencia de procedimientos individualizados para los deportados.
Hasta el momento, no se ha confirmado una reunión bilateral de alto nivel para analizar la crisis fronteriza, aunque ambas cancillerías mantienen canales diplomáticos abiertos para gestionar la situación.
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