
El proceso judicial contra Jorge Andrés Rodríguez Ríos, exprofesor de música en un colegio de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, se intensificó después de que fuera capturado el 18 de julio en el barrio La Candelaria de la capital colombiana.
La detención fue efectuada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, tras la recopilación de pruebas que demuestran, según el Ministerio Público, su responsabilidad en el abuso sexual de una niña de 4 años acontecido el 16 de mayo.
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Este caso generó preocupación dentro de la comunidad educativa local, donde varios padres no descartan la posibilidad de que existan más víctimas. Según informó la Fiscalía General de la Nación, Rodríguez Ríos fue enviado a un centro carcelario por orden de un juez Penal Municipal de Bogotá.

De acuerdo con la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía, el docente aprovechó su posición en el plantel y, durante una actividad lúdica con estudiantes del grado jardín, llevó a la menor a un baño del colegio. En ese lugar, el profesor habría realizado tocamientos sexuales a la niña. Tras conocer el hecho, la madre de la víctima puso la situación en conocimiento de la institución, que activó de inmediato la ruta de atención por violencia sexual infantil.
En una audiencia realizada poco después de su detención, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (Uenna) imputó a Rodríguez Ríos el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Pese a la gravedad de los señalamientos y a las pruebas presentadas, el docente no aceptó los cargos y se declaró inocente.
El juez encargado del caso argumentó que la medida privativa de la libertad era necesaria debido al riesgo que el procesado representa para los niños, niñas y adolescentes. La decisión fue tomada luego de analizar los elementos materiales de prueba reunidos en las investigaciones, entre ellos testimonios y evidencias que describen el modus operandi reportado por las autoridades.

Este episodio ocurre aproximadamente dos meses después de que se conociera otra denuncia similar en un colegio de la localidad de San Cristóbal, donde al menos seis menores también habrían sido víctimas de abuso sexual a manos de un profesor, reforzando la alarma en la comunidad educativa y motivando protestas en el sur de la capital colombiana. En su momento, padres de familia realizaron manifestaciones y exigieron a las autoridades acelerar la captura del responsable.
El ente investigador reiteró la importancia de denunciar de forma oportuna estos hechos para facilitar la actuación inmediata de las autoridades e iniciar las indagaciones correspondientes.
Las víctimas y sus familiares pueden comunicarse con la Fiscalía a través de la línea 122 o el sitio web oficial www.fiscalía.gov.co. Además, están disponibles otros canales como la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la línea 155 de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y la 123 de emergencias de Bogotá.

Para quienes requieran atención presencial, las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Casas de Justicia o centros médicos ofrecen atención integral y acompañamiento profesional tanto en salud física como en apoyo psicológico. Esta infraestructura fue diseñada para dar respuesta rápida y eficaz a las víctimas de violencia sexual, especialmente en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad educativa, encabezada por padres de familia y representantes de los estudiantes, se mantiene solicitó nuevos protocolos para incrementar la seguridad al interior de los colegios, así como una revisión exhaustiva del personal docente y administrativo para prevenir hechos similares.
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