El martes 22 de julio de 2025 se conoció un importante golpe contra redes que promueven el turismo y explotación sexual en Cartagena (Bolívar).
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura y judicialización de 14 presuntos integrantes de una organización criminal denominada Titan 24, dedicada a la explotación sexual de mujeres vulnerables y menores de edad en La Amurallada.
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Los imputados enfrentan cargos individuales por concierto para delinquir, trata de personas, proxenetismo con menor de edad, todos en modalidad agravada, e inducción a la prostitución, según las labores investigativas de una fiscal especializada.
Las investigaciones establecieron que la estructura habría iniciado operaciones a comienzos de 2024, promoviendo el turismo sexual dirigido principalmente a extranjeros.
Según el expediente, “la red realizaba fiestas en las que instrumentalizaban a mujeres en condición de vulnerabilidad y menores de edad, a cambio de dinero”.
La Fiscalía detalló que la red utilizaba 48 inmuebles, incluidos establecimientos comerciales, hoteles, casas y apartamentos rentados por días, ubicados en los barrios Centro Histórico, Getsemaní, Bocagrande, Castillo Grande, Laguito y Manga. En estos lugares se organizaban encuentros privados donde, presuntamente, se ofrecía acceso a las víctimas.
Así operaba la red criminal Titan 24
Parte del modus operandi de Titan 24 consistía en la búsqueda activa de clientes. Integrantes de la organización recorrían playas y la zona antigua de la ciudad para captar turistas interesados en estos servicios.
Otra modalidad identificada operaba mediante páginas de internet, donde ofrecían “masajes eróticos sexuales” en supuestos spas y los usuarios podían seleccionar previamente a las mujeres a través de catálogos digitales, explicó la Fiscalía.
“El material probatorio da cuenta de un andamiaje criminal que instrumentalizaba a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables en un modelo de negocio turbio y degradante que fomentaba la explotación sexual como atractivo turístico”, detalló el ente acusador.
Durante audiencias ante un juez de control de garantías fueron presentados Jeison Martínez Hazan, Emérito Perea García, Cesar Oscar Espinosa Blanco y Keldis Margoth Jiménez Mola, que deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Por su parte, Daira Fernanda García Silgado y Daniel Mendoza Jaraba permanecerán bajo detención domiciliaria.
Por decisión judicial, otros ocho investigados —incluidos los hermanos Tatiana Chakira Lemus Montoya y Carlos Yesis Lemus Montoya, así como Duvis María Hernández Martínez, Aida Judith Pérez López, Vanessa Yineth Ríos Guerrero, Neris Giovanna Montero, Ricardo Andrés Sánchez Almeida y Mario Germán Azcarate Leyes— continuarán el proceso judicial en libertad. La Fiscalía presentó apelación contra estas dos últimas decisiones.
Las capturas de varios integrantes de la red fueron resultado de allanamientos realizados por la Policía Nacional en los barrios Crespo, Marbella y Getsemaní. Durante estos operativos se incautaron computadores, dispositivos móviles y documentos, elementos probatorios clave para la investigación, que permanece en curso.
Desarticulan red de trata en siete provincias de España; liberan a 162 mujeres
Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desmanteló una organización criminal de trata de personas en provincias como Valencia, Barcelona, Málaga, Murcia, Castellón, Alicante y Tarragona, informaron las autoridades de ese país.
Durante la intervención, los agentes liberaron a 162 mujeres, principalmente sudamericanas, entre ellas colombianas y venezolanas, que eran forzadas a ejercer la prostitución bajo estricta vigilancia y condiciones inhumanas.
Las víctimas se encontraban en 39 prostíbulos, donde sufrieron hacinamiento, jornadas extenuantes y restricción de movimiento.
La Policía detuvo a 37 presuntos responsables; nueve de ellos ingresaron en prisión preventiva. Según la Guardia Civil, la red captaba a mujeres en situación vulnerable con falsas ofertas laborales, para luego confiscar sus documentos y someterlas a control permanente. El caso salió a la luz gracias a la denuncia de varias víctimas que lograron escapar y pedir ayuda.
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