
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios no identificados del Hospital San Francisco de Asís Nueva ESE, en el departamento de Chocó, ante denuncias que señalan la posible suplantación de profesionales médicos en la atención a pacientes.
La investigación busca establecer si personas sin formación académica ni autorización legal ejercieron funciones médicas, atendiendo a más de diez ciudadanos y utilizando los nombres y registros de médicos habilitados para encubrir su identidad.
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Según la información recaudada, estos sospechosos de no ser médicos titulados habrían realizado consultas y formulado medicamentos sin contar con título profesional ni registro ante las autoridades.
Las denuncias señalan que los supuestos implicados consignaron en documentos oficiales las actuaciones bajo la identidad de médicos autorizados, lo que constituiría una presunta suplantación de identidad.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó inició una actuación disciplinaria para determinar si estos hechos ocurrieron, en qué circunstancias y si hubo conocimiento o permisividad por parte de funcionarios del hospital.
“La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó indicó que, al parecer, más de 10 ciudadanos recibieron atención de médicos que no tendrían la preparación necesaria y suficiente para diagnosticar los casos que vieron ni para diligenciar los recetarios de los medicamentos, para lo que supuestamente usaron nombres de otros profesionales", dice el comunicado de la Procuraduría.
Como parte del proceso, se adelantan pruebas para verificar los registros, identificar a los presuntos responsables y establecer la existencia de negligencia, omisión o complicidad en la institución de salud. La indagación continúa para esclarecer la posible afectación al sistema de salud y la responsabilidad de los involucrados.

Procuraduría investiga a exalcalde de Sipí por suspensión del programa de alimentación escolar
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Juan Wilmer Rivas Murillo, exalcalde encargado de Sipí, Chocó, por presunta omisión en la gestión de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante julio y agosto de 2023, lo que generó la suspensión de las entregas de alimentos a estudiantes de instituciones educativas del municipio.
Según el órgano de control, Rivas Murillo no habría destinado ni reservado los fondos públicos necesarios para garantizar la continuidad del programa, pese a la obligación legal de las administraciones municipales de asegurar la financiación del PAE. Esta omisión afectó la cobertura y el objetivo de combatir la desnutrición infantil en la población escolarizada.
La Procuraduría calificó de grave la presunta falta, al considerar que el funcionario vulneró los principios administrativos de eficacia y eficiencia, esenciales para el funcionamiento estatal y la protección de derechos fundamentales. De confirmarse la responsabilidad disciplinaria de Rivas Murillo, el proceso podría derivar en sanciones que afectan su carrera en el sector público.

Procuraduría suspendió al director de Codechocó, Arnold Rincón, tras su liberación
Hace un par de semanas, el director general de Codechocó, Arnold Alexander Rincón López, recibió una sanción de suspensión por 30 días impuesta por la Procuraduría General de la Nación, poco después de su liberación tras permanecer secuestrado dos meses en Chocó. Rincón López había sido privado de la libertad el 26 de abril de 2025 por hombres armados quienes lo interceptaron en la vía entre Istmina y Quibdó, en el sector de Rancherías. Su liberación se confirmó el 29 de junio.
La más reciente medida disciplinaria aplicada al funcionario no está relacionada con el secuestro, sino con el incumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas de género. Según la investigación de la Procuraduría, durante 2021 la entidad contaba con ocho cargos directivos, de los cuales solo dos estaban ocupados por mujeres, lo que no cumple con el mínimo del 50% exigido para garantizar la participación femenina en el nivel directivo.

Rincón López fue hallado responsable de una falta gravísima, anotada en un fallo de primera instancia bajo el concepto de culpa gravísima, por desatender normas de obligatorio cumplimiento para la administración pública. El Ministerio Público aclaró que la sanción es apelable ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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