Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó en X que la Imprenta Nacional retomará su posición como principal imprenta del país. Esta entidad pasará a encargarse de la elaboración de útiles escolares sin costo para menores y de la emisión de documentos de identidad para todos los ciudadanos, siguiendo el ejemplo de otras naciones.
Debido a lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, respondió al anuncio de Gustavo Petro sobre la entrega de útiles escolares a través de la Imprenta Nacional diciendo: “No engañe al país”.
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Y es que, través de la red social X, Gustavo Petro destacó la formalización del acuerdo que permitirá que la Imprenta Nacional asuma nuevas responsabilidades relacionadas con la distribución sin costo de materiales escolares y la emisión de documentos de identidad para los colombianos.
“La imprenta nacional volverá a ser la mayor imprenta de Colombia y debe entregar a niños y niñas todos sus útiles escolares de manera gratuita, y a toda la población hacer sus documentos de identidad, como se hace en el mundo”, escribió en una publicación de su cuenta de X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro de asignar nuevas funciones a la Imprenta Nacional. Cabal sostuvo que esta entidad no está diseñada para encargarse de la entrega de útiles escolares ni para expedir cédulas de ciudadanía, ya que su tarea principal consiste en respaldar la seguridad jurídica del Estado mediante la impresión de documentos oficiales.
Según Cabal, la iniciativa presidencial intenta transformar a la Imprenta Nacional en una papelería y en una registraduría alterna, apartándose del propósito original de la institución.
“Petro, no engañe al país. La Imprenta Nacional no está hecha para repartir útiles escolares ni hacer cédulas. Su misión es clara: garantizar la seguridad jurídica del Estado a través de la impresión oficial de documentos. Usted no puede convertirla en una papelería ni en una registraduría paralela”, aseveró en su publicación la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
Horas antes del anuncio de Gustavo Petro, el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) divulgó un documento que establece las bases para la nueva estrategia gubernamental. El texto corresponde a un acuerdo administrativo de contratación directa entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo objetivo es gestionar el servicio de pasaportes mediante un modelo público.
Dentro de las nuevas funciones, la Imprenta Nacional asumirá la producción y personalización de pasaportes, la elaboración de etiquetas de visados con zona de lectura mecánica y la administración y distribución final de estos documentos en las instalaciones oficiales.
El convenio establecido tiene una duración de 117 meses, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2037. En cuanto a los recursos, el documento aclara que “no generará erogación alguna para las partes”.
De acuerdo con la información oficial, este acuerdo de contratación directa está orientado a “aunar esfuerzos administrativos y técnicos, para la implementación del nuevo modelo del servicio de pasaporte en lo que respecta al suministro y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, incluyendo la custodia y entrega del documento final en las sedes designadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo el ejecutor la Imprenta Nacional de Colombia”.
La alianza entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional tiene como base un aval administrativo expedido por la Secretaría General designada de la Cancillería. Este acto, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998, legitima el uso de la contratación directa entre entidades estatales como vía para asegurar el cumplimiento eficiente de los servicios públicos.
En el acto administrativo de justificación del convenio se destacan los fines constitucionales del Estado, como “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes”, y se citan artículos clave como el 209 de la Constitución, que establece que la función administrativa debe desarrollarse bajo principios como eficacia, moralidad y celeridad.
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