Daladier Rivera Jácome, testigo clave en casos de falsos positivos ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), resultó víctima de un ataque sicarial la noche del sábado 19 de julio de 2025 en Cúcuta, Norte de Santander.
La Fundación Comité Reconciliación, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos y al acompañamiento de exmiembros de la fuerza pública ante el sistema transicional, confirmó el ataque.
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“Rechazamos cruel ataque sicarial esta noche contra el mayor (r) Daladier Rivera Jácome en Cúcuta. Exigimos avance en la investigación, y captura de los responsables”, señaló la fundación.
Asimismo, pidió por la pronta recuperación del mayor en retiro Daladier Rivera Jácome.
Las primeras versiones de las autoridades, recopiladas por Semana, indican que el exoficial recibió tres impactos de bala, y una habría perforado su pulmón, motivo por el cual su estado de salud es reservado.
Los hechos sucedieron sobre la funeraria Rincón de Cúcuta, donde fue asesinado el exsubintendente de la Policía Eslir Daniel Buendía Pérez.
Daladier Rivera Jácome confirmó con otros nueve exmilitares la muerte de varios civiles con el propósito de presentarlos como “trofeos de guerra”, conocido como falsos positivos.
Jácome pidió perdón ante las víctimas y aseguró haber “proporcionado armas que les plantábamos a las víctimas para simular combates”.
“La mayoría de esas armas fueron de una caleta que yo encontré en el segundo semestre de 2006 para que se desarrollaran falsas operaciones y falsos positivos”, indicó Jácome en audiencia ante la JEP.
Detalles del caso por falsos positivos ante la JEP
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos en 2021 a un general, nueve militares y un civil, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas en Norte de Santander y Catatumbo, conocidas como falsos positivos.
Los hechos se atribuyen al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander (Bisan) y la Brigada Móvil 15 del Ejército (Brim15), señalados de asesinar a 120 civiles inocentes y presentarlos falsamente como bajas en combate, con el objetivo de mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios como permisos, vacaciones y bonos.
La JEP consignó en un auto de 284 páginas que estos crímenes respondieron a una lógica sistemática dentro de estas unidades militares. El tribunal describió el desarrollo y encubrimiento de una práctica ilícita, ejecutada entre el 21 de enero de 2007 y el 25 de agosto de 2008, periodo en el que se registró el mayor número de casos.
De acuerdo con la Sala, la presión de altos mandos para entregar cifras de muertes “a como diera lugar” favoreció la comisión de los crímenes y motivó conductas premiadas internamente con medallas y reconocimientos.
El documento expone que el coronel Santiago Herrera Fajardo, excomandante de la Brigada Móvil 15, y Álvaro Diego Tamayo Hoyos, entonces al mando del Bisan, lideraron un cambio en la estructura militar para identificar víctimas, contar con la complicidad de militares de confianza sin experiencia en inteligencia y montar operaciones simuladas.
Daladier Rivera Jácome es otro de los señalados en el informe de la JEP. Fue designado jefe del Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) por Herrera Fajardo, desplazando a Jayson Ramón Velandia, quien había observado la falta de recursos y experiencia en inteligencia del personal.
Rivera Jácome asumió el cargo sin trayectoria previa en inteligencia, elegido principalmente por la confianza que Herrera depositaba en él.
Entre los motivos de este nombramiento figura la entrega de armas no reportadas a Herrera meses antes, luego usadas para simular enfrentamientos en los que civiles fueron asesinados y presentados como supuestos guerrilleros abatidos.
El auto de la JEP detalla que, una vez Rivera Jácome asumió su cargo, la preparación del personal de inteligencia se recortó de quince a cinco días. Esta medida derivó, según el tribunal, en procedimientos deficientes y actuaciones irregulares.
Las operaciones se realizaron incluso sin órdenes escritas ni comprobaciones mínimas sobre la información recabada.
El caso de Ariel Jaime Arias, asesinado en febrero de 2007, ilustra la mecánica: tras un acercamiento y engaño por parte de miembros del Cioca, Arias fue llevado hasta una zona específica, asesinado y luego presentado como baja en combate.
La JEP documentó que la presión para exhibir resultados llevó a ofrecer recompensas a militares por ejecutar estas acciones, mientras que la falta de rigor en la inteligencia y el afán de ascensos y reconocimientos facilitaron la comisión y encubrimiento de los crímenes, que dejaron a decenas de familias de la región con víctimas inocentes.
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