El concejal Óscar Ramírez Vahos exigió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) explicar cómo garantizará la continuidad operativa, cobertura y calidad del servicio de recolección de residuos después del 12 de febrero de 2026 si el nuevo esquema no avanza en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
“Estamos frente a una crisis de salud pública. La ciudadanía espera más que alternativas inciertas, acciones contundentes que aseguren la continuidad en la prestación del servicio público de aseo en 2026”, advirtió Vahos, que además denunció graves irregularidades e inconsistencias en la gestión de la Uaesp durante la estructuración del nuevo esquema de aseo para Bogotá.
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El concejal alertó que la posible implementación del modelo de libre competencia podría incrementar los 666 puntos críticos de acumulación de basura ya identificados, ya que los operadores no tendrían la obligación de recoger residuos en zonas periféricas o de difícil acceso.
Según Ramírez, la ausencia de mecanismos que permitan a los operadores complementar rutas y atender estos puntos compromete la adecuada prestación del servicio y expone a la ciudad a un riesgo inminente para la salud pública. Tras el rechazo de la CRA, Bogotá quedaría expuesta a un modelo sin garantías de cobertura universal ni mecanismos obligatorios para la recolección en áreas críticas.
El cabildante también señaló que la Administración distrital carece de un plan alternativo claro en caso de que la CRA rechace de forma definitiva el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). El proceso liderado por la Uaesp, afirmó, ha estado marcado por la falta de planeación, improvisación administrativa y una preocupante debilidad institucional, lo que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio de aseo, especialmente para 300.000 usuarios de menores ingresos.
Ramírez detalló que la solicitud presentada por la Uaesp a la CRA fue rechazada por contener al menos 16 requisitos no verificados, entre ellos deficiencias en información geográfica, inconsistencias en el modelo tarifario, falta de respaldo financiero y omisiones en el análisis de sostenibilidad del esquema propuesto.
A partir de eso, el concejal cuestionó: “¿Cómo es posible que un servicio público tan esencial, con una concesión que superaría los 10 billones de pesos, haya sido estructurado sin un equipo técnico completo, sin planeación clara y con múltiples errores técnicos pagados con elevados honorarios?”.
Al comparar el proceso de 2016 con el actual, el cabildante evidenció que en 2024 el equipo estructurador se redujo a la mitad. Mientras en 2016 participaron 23 profesionales y cinco consultorías, en 2024 solo nueve personas y dos consultores asumieron la formulación del esquema de aseo.
Para Ramírez, eso demuestra la falta de voluntad institucional y responsabilidad frente a la magnitud del proceso contractual. Añadió que la Uaesp actuó con exceso de confianza, sin acompañamiento serio del sector central y sin alertar a tiempo sobre los desafíos ante la CRA.
El costo de la estructuración de la propuesta, considerada inviable, ascendió a más de $17 millones mensuales pagados a consultores externos, sin que se entregaran productos técnicamente viables. “Los bogotanos pagamos más de $17 millones mensuales a consultores por una propuesta que ni siquiera cumple con las condiciones mínimas para ser viable. Esto es inaceptable”, enfatizó el concejal.
Cabe recordar que la preferencia de Bogotá por el modelo ASE se fundamenta en que, mediante una distribución geográfica, asegura la cobertura total del distrito y garantiza la rentabilidad técnica y financiera para cada área definida.
Este esquema permite asignar un prestador a cada usuario y extender la cobertura a zonas que, de otro modo, podrían quedar desatendidas. Según la Uaesp, “permite asignar un prestador del servicio a cada uno de los usuarios del servicio público de aseo y extender la cobertura a los usuarios de menores ingresos ubicados en zonas que no son tan atractivas para un prestador, pero que cuando están integradas en un área de prestación generan viabilidad en su atención”.
En el modelo ASE, los oferentes participan en un proceso de licitación pública para adjudicarse áreas geográficas específicas con sus respectivos usuarios. El distrito selecciona, mediante licitación, un prestador para cada área, quien debe atender a todos los usuarios ubicados en esa zona. El concesionario debe cumplir tanto la normativa nacional como los reglamentos técnicos derivados de los contratos de concesión.
Además de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), la concesión cuenta con una interventoría adicional. El prestador está obligado a ofrecer mayores calidades en la prestación del servicio, ya que el proceso licitatorio incorpora criterios de calidad. El modelo ASE exige que el prestador atienda a la totalidad de usuarios de un área, incluso en zonas menos atractivas comercialmente, lo que permite extender la cobertura a sectores de menores ingresos.
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