La reciente resolución del Ministerio de Agricultura sobre precios regulados del arroz en Colombia ha generado tanto expectativa como inconformidad entre los productores.
Antes del inicio de los diálogos formales con el Gobierno, líderes del sector dejaron claro que la publicación de ese documento representa un paso, pero no una solución definitiva.
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Según reportó La República, el productor y líder de los arroceros en Tolima, Ángel María Serrano, explicó que “esa resolución apenas fue publicada para comentarios, eso se tarda más o menos veinte días, nosotros requerimos soluciones inmediatas”.
Este jueves 17 de julio, a partir de las 11:00 de la mañana, se realiza la primera mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y los representantes del paro arrocero, una movilización que se mantiene activa desde el pasado lunes y que ha impactado severamente diversos departamentos colombianos.
Se espera la presencia de 22 representantes del Comité negociador Paro Nacional junto a líderes de las carteras de Minagricultura, Mincomercio y Minhacienda para dar inicio formal a la mesa de negociación.
El objetivo principal es destrabar el conflicto y detener el paro que afecta la producción y la comercialización nacional de arroz.
De acuerdo con Diario del Huila, asistirán a la mesa de diálogo 22 delegados provenientes de los departamentos involucrados en la protesta, 14 de manera presencial y ocho conectados virtualmente. El escenario de las negociaciones se sitúa en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá.
La movilización de los arroceros inició el 14 de julio, como respuesta a lo que consideran incumplimientos del ejecutivo respecto a compromisos previos asumidos en el mes de marzo.
Entre las peticiones principales del sector se encuentran la creación de un precio de referencia para la compra del grano, el cumplimiento de los acuerdos vigentes y un control más estricto al ingreso de arroz de contrabando desde Ecuador.
Los bloqueos continúan en los departamentos de Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Santander y Norte de Santander. En Tolima, los puntos afectados incluyen Saldaña, la vía que conecta El Espinal y Neiva, Gualanday y la intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué.
Huila reporta cierres en Campoalegre, Tesalia, la entrada Neiva–Bogotá (peaje) y Pablo Nuevo, en los límites con Tolima. En Córdoba, los bloqueos se concentran en el sector Doctrina, Las Garitas (Lórica) y Tierra Alta. Meta presenta afectaciones en Llano Lindo y la vía antigua al llano, mientras que en Casanare el punto crítico es Aguazul.
Arauca registra bloqueos en Tame; Sucre, en el sector de la Mojana; Cesar, en La Jagua de Ibirico, San Alberto y Aguachica; Santander, en Sabana de Torres sobre la troncal del Magdalena medio; y Norte de Santander, en Pedregal.
El trasfondo del paro encuentra su raíz en la problemática de los bajos precios de compra del arroz, asociados a la estacionalidad de la cosecha y la sobreoferta, lo que, según La República, genera inestabilidad para los productores y pone en riesgo la viabilidad económica del cultivo.
El gobierno, intentando frenar la crisis, formalizó una resolución que establece precios mínimos regulados: para una carga de 125 kilogramos (276 libras) el piso más bajo será de $188.000 en la región de los Llanos, mientras que en la región Centro el precio base subirá a $205.000.
Para la tonelada, los precios mínimos oscilan entre $1.500.000 en los Llanos y $1.645.386 en la región Centro. Otros valores de referencia son: $1.543.928 por tonelada en Bajo Cauca y $1.610.096 en Santander.
No obstante, los productores consideran que estos niveles siguen siendo insuficientes, pues el costo real estimado por los mismos debe ubicarse en $230.000 por carga para garantizar la rentabilidad del negocio. El volumen de paddy verde (arroz con cáscara) sometido a este control de precios sería de 1.400.184 toneladas.
De manera complementaria, el gobierno anunció inversiones en el marco del programa Faia Arroz, con una asignación de $7.000 millones destinada a la compra de fertilizantes, apoyando ya a productores inscritos en 23 departamentos del país.
El contexto ha escalado por la presión directa de las movilizaciones, que surgieron a partir de “pérdidas de entre 2.500.000 y 2.800.000 pesos por hectárea cosechada”, lo que, según líderes del Comité Nacional Arroceros citados por El Tiempo, está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores en toda Colombia.
Persisten las dudas sobre la efectividad y la rapidez de respuesta de las medidas gubernamentales, puesto que la simple publicación de la resolución no detuvo las protestas. “No vamos a detener los bloqueos y manifestaciones simplemente por la emisión de la resolución”, afirmó a La República el productor Ángel María Serrano.
El descontento del sector también se vincula con el contrabando y la falta de controles sanitarios en las importaciones desde Ecuador. Para enfrentar esta situación, el gobierno anunció controles estrictos en la frontera. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que “Buscamos defender la producción agropecuaria y la industria nacional en la frontera frente a prácticas ilegales e irregulares que están afectando tanto el suministro de alimentos como la economía del campo colombiano”.
En Ibagué, después del mediodía, está prevista una mesa de revisión sobre el estado de los compromisos asumidos durante el paro de marzo. La reunión, que se espera, tenga lugar en la gobernación.
Siendo la 1:00 p. m., según fuentes de La Fm los ministros de Agricultura, Comercio y Hacienda no se encuentran en la mesa de diálogo planificada para hoy, a las 11:00 a. m. en el ministerio de comercio, incumpliendo la primera petición de los arroceros: la presencia de los líderes de cartera.
En remplazo, solo se presentaron los viceministros y otros representantes ministeriales.
Lena Estrada Añokazi, ministra de Ambiente, ha afirmado que de no levantar los bloqueos, por parte de los arroceros, no se presentará en la mesa de diálogo.
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