Un costo laboral más alto del 22% y el riesgo de que miles de microempresas familiares no logren sobrevivir al cambio son parte de las proyecciones sobre el impacto de la nueva ley laboral 2466 de 2025 sobre las estaciones de servicio en Colombia.
La principal respuesta que preparan los empresarios consiste en implementar el autoservicio como forma de ajustar sus operaciones.
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El gremio Imzacom, que reúne a los distribuidores de combustible, explicó a El Colombiano que la aplicación progresiva de la reducción de la jornada semanal y los ajustes en los recargos nocturnos, dominicales y festivos obligan al sector a reconsiderar sus actuales modelos de trabajo.
José Alberto Arias, presidente ejecutivo de Imzacom, confirmó que el mayor reto en este escenario radica en adaptar a las empresas sin sacrificar fuentes de empleo.
Arias advirtió que los cambios legales, previstos para encarecer la operación hasta en una quinta parte hacia 2027, podrían poner en jaque la viabilidad de los negocios, compuestos en su mayoría por microempresas familiares.
El sistema de autoservicio aparece como posible respuesta: las gasolineras evalúan introducirlo de manera gradual para contrarrestar el aumento de los costos.
Esta solución, no obstante, amenaza el empleo de unas 54.000 personas, que actualmente dependen directamente del sector, reportó El Colombiano.
Bajo este nuevo modelo, la cantidad promedio de empleados por estación de servicio caería de nueve a tres, con una pérdida aproximada del 66.6% de los puestos laborales.
“El autoservicio puede ayudar a sostener las operaciones, pero afectaría directamente a los trabajadores. Es un escenario duro, aunque muchas empresas están haciendo esfuerzos por no despedir personal”, señaló Arias en diálogo con el medio mencionado.
Según expuso, en este sistema los clientes se encargarían por sí mismos de abastecer gasolina, sin la intervención del tradicional personal de las estaciones.
Actualmente, los empresarios del sector avanzan en reuniones para definir la ruta de la implementación y preparar pruebas piloto del sistema en determinados puntos del país.
Frente a estas proyecciones, la organización gremial solicitó formalmente al Gobierno Nacional la creación de una mesa técnica intersectorial, con el objetivo de analizar en detalle los efectos de la reforma laboral, corregir distorsiones del mercado y proponer salidas que aseguren la viabilidad del sector y la conservación de los empleos.
A las exigencias impuestas por la ley se suman otros factores de estrés para el sector: Imzacom advirtió sobre el agravamiento de la inseguridad, limitaciones a la movilidad en grandes ciudades, la proliferación de estaciones de servicio y una elevada carga regulatoria.
En ese sentido, Arias enfatizó ante El Colombiano que “la sostenibilidad del sector minorista de combustibles no es solo una urgencia empresarial: es una necesidad para preservar el tejido económico de cientos de comunidades en todo el país”.
El gremio insiste en que la respuesta debe ser dialogada y permitir el diseño de estrategias para el futuro de las estaciones de servicio en Colombia, así como de las familias que dependen de su actividad.
Reforma laboral garantiza aumento anual a quienes ganan hasta dos salarios mínimos
La Reforma Laboral, sancionada por el presidente Gustavo Petro el 25 de junio de 2025, obliga a que todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, hasta $2.847.000, reciban un aumento anual equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con carácter retroactivo al 1 de enero.
Esta medida beneficia al 86% de la fuerza laboral, unos 17 millones de personas, y extiende derechos que antes aplicaban solo a quienes ganaban un salario mínimo.
Además, refuerza la protección frente a incumplimientos salariales: el empleador no podrá retener el salario si impide la prestación del servicio sin causa justificada.
Los ajustes salariales incluirán productividad laboral en las negociaciones, buscando preservar el poder adquisitivo y asegurar estabilidad económica.
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