El congresista de Comunes Carlos Carreño negó que le haya hecho cobros irregulares a su equipo de trabajo: “No he tenido contacto con ellos desde hace años”

El representante a la Cámara por el partido Comunes, Carlos Alberto Carreño, respondió el lunes 14 de julio a los señalamientos que lo involucran en presuntos cobros irregulares a su equipo en el Congreso.

Una investigación revelada por Noticias Caracol expuso que el congresista habría exigido aportes económicos de entre $150.000 y $3.640.000 a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), colaboradores y conductores, dinero que, según testimonios y documentos, terminó en gastos personales y de campaña, así como supuestos aportes al partido Comunes.

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Carreño, vinculado a la antigua guerrilla de las Farc bajo el alias de Sergio Marín, fue objeto de una pesquisa por parte de la Corte Suprema de Justicia desde hace casi un año, luego de que se filtraran audios y facturas que evidenciarían pagos irregulares de sus subalternos en la Cámara de Representantes.

La investigación incluyó registros de supuestos pagos de sus trabajadores destinados no solo al partido político, sino a conceptos personales como ropa, hoteles, estudios profesionales y campañas electorales, en contravía de lo establecido por la ley colombiana, que prohíbe a funcionarios realizar donaciones a colectividades con recursos salariales.

En respuesta a la publicación de estos hallazgos, Carreño dirigió un comunicado público en el que niega haber tenido relación reciente con quienes lo acusan.

“No he tenido ningún contacto con esas personas desde varios años, cuando terminó su relación laboral con la UTL”, se lee en el documento.

El congresista sostuvo que cualquier insinuación en sentido contrario resulta falsa, sin sustento y busca, según sus palabras, enlodar su nombre.

Carreño también rechazó el impacto que ha tenido la difusión parcial de información en este caso y advierte sobre un “juicio mediático” en curso.

“Estas filtraciones no solo vulneran mi derecho a defenderme, sino que están alimentando un juicio mediático injusto, construido con información parcial, con el propósito de forzar una medida en mi contra y ejercer presión indebida sobre las autoridades judiciales”, agregó Carreño en el comunicado.

El congresista aseguró que acudirá a las instancias judiciales pertinentes para entregar su versión de los hechos. “Confío plenamente en la institucionalidad y en la imparcialidad del sistema judicial colombiano. Continuaré colaborando ante las instancias correspondientes, como siempre lo he hecho, en cumplimiento de mis deberes y en defensa de la verdad”, afirmó.

Testimonios respaldan la existencia de cobros y destinación irregular de recursos

La investigación judicial cuenta con testimonios de exintegrantes de la UTL de Carreño, que narraron cómo funcionaba el sistema de cobros.

Uno de los participantes, identificado como ‘Camilo’ para proteger su identidad, relató en entrevista con Blu Radio que el aporte “era obligatorio”, aunque no implicaba coacción directa, sí estaba ligado a la permanencia laboral y al tipo de contrato que se firmaba.

“‘Desde el momento en que empezamos..., sí se me pidió un aporte que, al principio, decían que era para movimientos y gestiones de lo que tiene que ver con el trabajo territorial”, precisó el exfuncionario, que aseguró desconocer el destino final de los recursos.

La exasistente Irene Amado, otra de las piezas clave en la investigación, detalló que Carreño ordenaba desde el inicio de la relación laboral el pago de los aportes, que dependían del salario de cada funcionario.

Por ejemplo, indicó que una asesora con remuneración de $8 millones debía transferir casi la mitad, hasta $3.640.000. Amado explicó que quien no aceptaba esas condiciones recibía llamados de atención.

Además del cobro regular, en el expediente se mostraron pagos direccionados a la adquisición de camisetas para campañas y membresías en cadenas hoteleras, así como recursos destinados a los estudios universitarios de Carreño, resultando en la confección de tareas y trabajos académicos por parte de sus subalternos.

“Él se echaba la plata al bolsillo, diciéndolo coloquialmente. Lo que yo le entregué, lo vi con mis propios ojos cuando se lo guardaba”, afirma Ricardo Vargas, extrabajador de la UTL, quien calcula haber entregado cerca de $10 millones durante su permanencia en el equipo.

Amado aseguró haber registrado los cobros en una matriz, evidencia que entregó a los investigadores, y también relató que entre las sanciones a quienes se negaban a cumplir con el aporte, estaba la amenaza implícita de terminación de su contrato, pues los empleos eran de libre nombramiento y remoción.

Pese a la contundencia de algunos testimonios, ciertos exintegrantes de la UTL aseguraron que los aportes al partido Comunes se realizaron voluntariamente y por convicción política, no por presión.

La denuncia judicial, sin embargo, centra el debate en la presunta obligación de transferir parte considerable del salario bajo amenazas indirectas sobre la continuidad laboral, y la utilización final de los fondos en beneficios personales y políticos.

En la investigación aparece también Victoria Nariño, conocida como Marilyn Millán, antigua militante de las Farc y responsable, según las versiones recogidas, de canalizar los recursos obtenidos presuntamente de manera irregular.

El caso de Carreño adquirió más relevancia porque ocurre a un año del final de la garantía de diez curules parlamentarias asignadas al partido Comunes como resultado de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La dirección y el escrutinio sobre el comportamiento de sus representantes han aumentado en la recta final de los períodos legislativos.

La Corte Suprema avanza en la recolección de pruebas y el análisis de testimonios. Según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, está en consideración la imposición de una medida de aseguramiento contra el representante. Carreño fue llamado a declarar dentro del proceso, aunque hasta ahora optó por guardar silencio.

El futuro judicial del congresista quedará en manos del alto tribunal, cuyo fallo podrá marcar un referente sobre la obligación ética y legal de los representantes públicos frente a la administración de los recursos de sus equipos y la financiación de los partidos políticos en el posconflicto colombiano.