
Las investigaciones en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que están siendo adelantadas por la Corte Suprema de Justicia, concluyeron su etapa probatoria. Por lo anterior, la Sala de Instrucción del alto deberá determinar las responsabilidades de los implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Los magistrados deben evaluar si las pruebas recolectadas configuran suficiente sustento probatorio para enjuiciar a los congresistas que, para el momento de los hechos, ocupaban las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
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Con el cierre de la etapa de recolección de material probatorio, los magistrados del alto tribunal deberán evaluar la responsabilidad de los congresistas en el escándalo y decidir si inicia un juicio formal en su contra o, por el contario, archivan los procesos.
Name y Calle se encuentran recluidos en la cárcel La Picota desde mayo de 2025 acusados de recibir jugosos sobornos a cambio de tramitar las reformas más ambiciosas de la agenda gubernamental.
Los delitos por los que se encuentran privados de la libertad son cohecho y peculado por apropiación, por los cuales se enfrentarían a penas de entre tres y seis años de prisión por el primer delito, y de cuatro a diez años por el segundo.

Según los testimonios recolectados por la Fiscalía General de la Nación, los parlamentarios recibieron cerca de 4.000 millones de pesos a cambio de influenciar políticamente a sus respectivas corporaciones para así, permitir el tránsito de las reformas a la salud, pensional y laboral.
Los entonces presidentes del Congreso fueron implicados a raíz de las declaraciones entregadas por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exfuncionario de esa entidad. En sus testimonios, Olmedo y Pinilla señalaron a Name y Calle como beneficiarios de las coimas.
No obstante, en sus respectivos testimonios, los congresistas se han encargado de negar los hechos. Sumado a esto, aseguraron que las acusaciones en su contra se basan en falsos testimonios.

Pese a esto, el magistrado ponente de la investigación, Francisco Farfán, ha declarado que los documentos recolectados, las interceptaciones y los testimonios entregados a Corte Suprema configuran el material probatorio suficiente.
Caso Iván Name
El caso que hoy tiene al senador Iván Name del Partido Verde tras las rejas tiene su origen en un presunto pago de 3.000 millones de pesos que habría recibido de manos de la ex consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Según la investigación, este dinero habría sido entregado al congresista a cambio de tramitar las reformas de la agenda de Gobierno nacional y facilitar el ambiente en la corporación que presidía para permitir la elección de Vladímir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

Las pruebas recolectadas por la Corte en contra de Name incluyen los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, siendo el testimonio de Pinilla la prueba más contundente, dado que, aseguró que fue él mismo el que entregó el dinero al senador en su apartamento, ubicado en un sector exclusivo al norte de Bogotá.
Caso Andrés Calle
Por su parte, el representante del Partido Liberal Andrés Calle, habría recibido 1.000 millones de pesos que habrían salido de un jugoso contrato de la Ungrd para fortalecer el abastecimiento de agua en La Guajira, contrato de donde también habría salido el dinero entregado a Name.

Calle habría recibido esta cantidad a cambio de permitir el tránsito de las principales reformas del proyecto del gobierno en la corporación de la cual era presidente.
El testimonio de Pinilla también es una prueba contundente en contra de Calle. Pinilla también habría actuado como intermediario en la operación para entregar el dinero al representante.
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