Contraloría pidió explicaciones al Ministerio de Salud por $1.3 billones sin ejecutar en el programa de atención primaria

La Contraloría General de la República anunció un requerimiento formal al Ministerio de Salud por las graves irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato por 1.3 billones de pesos, destinados al programa de Equipos Básicos de Salud (EBS).

Se trata de una de las iniciativas sociales más ambiciosas del Gobierno del presidente Gustavo Petro para reforzar la atención primaria en todo el país, pero que, según auditorías recientes, presenta fallas críticas de implementación.

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Durante una declaración oficial, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga reveló los hallazgos: “Son obras que se encuentran algunas paralizadas, otras a media, equipos que no se han logrado entregar en su totalidad, y este fue el resultado que obtuvimos en la auditoría de este primer semestre del Ministerio de Salud, y los requerimientos se han hecho para que el Ministerio ponga al día las contrataciones y la ejecución de este proyecto que compromete 1.3 billones de pesos”.

Este pronunciamiento se produce tras meses de preocupación creciente en distintos sectores del país. En marzo de 2025, el Congreso ya había expresado dudas sobre el manejo de los cuantiosos recursos que la cartera de Salud destinó a los EBS durante 2024. Las denuncias sobre el desvío de fondos y la ausencia de control se multiplicaron desde las regiones, y las auditorías ahora confirman esas inquietudes.

Uno de los casos que más llamó la atención de los auditores fue el del hospital de San Martín de los Llanos, en el departamento del Meta. En enero de 2024, este centro de salud —ubicado a unos 70 kilómetros de Villavicencio— recibió más de 1.117 millones de pesos destinados a la contratación de médicos y promotores encargados de atención preventiva; sin embargo, la Contraloría encontró que cerca del 46% de esos recursos, es decir 514,4 millones de pesos, se usaron en gastos ajenos al programa.

Según constató el equipo de control fiscal durante una visita al hospital, los fondos terminaron financiando obligaciones atrasadas con proveedores, el pago de nómina general, la compra de equipos biomédicos y la adquisición de uniformes, usos no autorizados por la resolución ministerial correspondiente.

El problema no es aislado. El informe de la Contraloría también documentó irregularidades en otros hospitales del país, como el de San Jacinto en Bolívar, el de Soacha en Cundinamarca y el hospital de Cartagena de Indias. En todos estos casos, el ente de control encontró fallas en el monitoreo y trazabilidad de los recursos, pese a que el Ministerio había definido mecanismos de seguimiento que no se ejecutaron de forma efectiva.

Una práctica reiterada detectada fue la no devolución de los rendimientos financieros generados por los recursos girados y almacenados en cuentas hospitalarias, una obligación que busca fortalecer las finanzas públicas. Un hecho ilustrativo ocurrió el 24 de abril de 2025, día en que los funcionarios de la Contraloría visitaron el hospital de San Jacinto, y este transfirió 129 millones de pesos al ministerio, correspondientes a intereses no consignados desde 2024.

Las consecuencias de estos hallazgos ya han comenzado a escalar. En el caso de San Martín de los Llanos, la Contraloría señaló la posible comisión de una falta disciplinaria, lo que ha motivado el traslado del caso a la Procuraduría General de la Nación. Además, se alertó sobre eventuales responsabilidades penales, por lo que la Fiscalía General de la Nación también ha sido notificada.

El caso del programa de Equipos Básicos de Salud representa un nuevo golpe a la credibilidad del sistema de salud pública en Colombia y, particularmente, a la capacidad del Gobierno nacional para ejecutar políticas sociales con eficiencia y transparencia.

La Contraloría ha reiterado su compromiso de continuar auditando estos recursos y exigió al Ministerio de Salud corregir con urgencia las deficiencias encontradas. La atención está ahora sobre las medidas que tomará la cartera, y si las investigaciones disciplinarias y penales derivan en sanciones concretas.