Víctimas de las Farc rechazaron versión del antiguo secretariado ante la JEP: “No pueden justificar el terrorismo con discursos ideológicos”

La reciente comunicación enviada por los excomandantes del último secretariado de las extintas Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que reconocen su responsabilidad colectiva en el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores, provocó una enérgica reacción por parte de las víctimas.

A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) expresó su inconformidad con lo que calificó como “una narrativa justificativa que contraviene los principios rectores” del sistema transicional.

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“Lejos de constituir un auténtico reconocimiento de verdad y responsabilidad, incurre en una narrativa justificativa que afecta gravemente el derecho a la verdad de las víctimas”, advirtió la federación en su pronunciamiento público. Según la organización, el documento suscrito por Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra no representa un acto de reconocimiento genuino, sino una estrategia discursiva que minimiza la gravedad de los hechos.

En la carta dirigida a la JEP, los seis excomandantes reconocieron que el reclutamiento y empleo de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc “fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, y lo calificaron como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”.

El texto fue presentado como respuesta al Auto 005 de 2024 del Macrocaso 07, en el cual la JEP imputó a los firmantes como “máximos responsables” de este delito, junto con otros crímenes conexos como violencia sexual, tortura y homicidios. Los comparecientes insistieron en que su intención es aportar a “una verdad judicial útil, reparadora y restaurativa”.

Si bien contextualizaron estas prácticas dentro del conflicto armado interno, atribuyendo parte de su origen a la desigualdad estructural y al abandono estatal, insistieron en que esto “no exime la gravedad de los daños causados ni el sufrimiento generado”.

Para las víctimas, ese intento de contextualización representa precisamente el problema de fondo. En su comunicado, sostienen que los exjefes guerrilleros utilizan explicaciones de índole política e ideológica “con las que se pretende mitigar la gravedad de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

“Bajo el argumento de que sus acciones fueron consecuencia del conflicto armado interno y de un supuesto proyecto revolucionario, los comparecientes intentan transformar el terrorismo, el secuestro sistemático, el reclutamiento forzado de menores, los actos de violencia sexual, los homicidios selectivos y los ataques indiscriminados contra la población civil en hechos políticamente justificables”, señala Fevcol.

La organización fue contundente al afirmar que “esta estrategia comunicativa pretende arropar el terrorismo bajo el ropaje del conflicto armado” y, por tanto, se aleja del estándar de reconocimiento pleno de verdad que exige la JEP. Recordaron que, según el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma, “ninguna causa —por legítima que se pretenda— puede justificar la comisión de crímenes internacionales”.

Fevcol cuestionó también que los firmantes disuelvan su responsabilidad penal individual en una “narrativa estructural, histórica y abstracta”, lo cual, a su juicio, desconoce el papel central de las víctimas en el proceso de justicia transicional.

“La carta de los comparecientes evidencia una estrategia discursiva que diluye la responsabilidad penal individual y colectiva”, señala el comunicado. “Representa una forma sofisticada de negacionismo parcial, al no asumir de forma explícita que muchas de las conductas perpetradas por las FARC-EP excedieron cualquier límite permitido por el DIH”.

La federación considera que el contenido de la misiva incurre en ambigüedades y eufemismos inaceptables, por lo cual solicitaron a la JEP que “valore de manera crítica el contenido y alcance de la mencionada comunicación” y exhorte a los comparecientes a emitir un reconocimiento veraz y sin atenuantes.

En contraste, los excomandantes enfatizaron en su carta que su participación en el sistema de justicia transicional no se reduce a un acto simbólico. Resaltaron su involucramiento en procesos de memoria, como el desarrollado en el Club El Nogal —lugar donde perpetraron un atentado en 2003—, su apoyo al desminado humanitario y la búsqueda de desaparecidos. También mencionaron su colaboración con la organización Revipaz y su impulso a iniciativas legislativas en favor de víctimas y poblaciones excluidas.

Además, solicitaron que la JEP unifique los procesos del Caso 01 (relacionado con secuestros) y el Caso 07 para garantizar coherencia judicial y seguridad jurídica.

Pese a estos gestos, Fevcol reiteró que el reconocimiento de responsabilidad debe ser “voluntario, exhaustivo, veraz, completo, detallado y reflejar una aceptación de responsabilidad por la totalidad de las conductas cometidas”, tal como lo exige el artículo 79 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.

“La transición hacia una paz legítima no puede edificarse sobre discursos autojustificatorios que, en la práctica, perpetúan la impunidad”, concluye el pronunciamiento.