Estudio de la Universidad Nacional dice que esta localidad es el epicentro del microtráfico en Bogotá: operan 6 macro estructuras criminales y 11 bandas

La localidad de Kennedy es el principal punto de tráfico y distribución de drogas en Bogotá, según un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia,

El informe indicó que al menos seis estructuras criminales y once bandas disputan el dominio de la venta de estupefacientes en esta zona del suroccidente de la ciudad, donde parques, colegios, conjuntos residenciales y la entrada conocida como “Puerta 6” de Corabastos actúan como epicentros de la actividad ilícita.

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Lejos de ser un fenómeno relegado a las llamadas “ollas” que eran epicentros de vida de calle con comercio de estupefacientes, el estudio analizó que ahora el microtráfico en Kennedy despliega una sofisticada red que infiltra todos los ámbitos de la vida local.

El informe destaca la presencia de organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua y grupos locales en expansión, como Los Satanás, Los Aguaceros, Los Boyacos y Muñeca Roja.

El investigador Luigi Giovanny Silva Vizcaya, magíster en Gobierno Urbano de la universidad, sostiene que Kennedy reúne condiciones propicias para el crecimiento de esta economía ilegal.

“Alta población joven, espacios públicos desprotegidos, niveles de desempleo superiores al promedio distrital, y desconfianza generalizada en las autoridades”.

Incluso, estimó que la ubicación estratégica de la localidad facilita la distribución hacia otras áreas igualmente vulnerables, como Ciudad Bolívar y Bosa, convirtiendo a Kennedy en un nodo articulador del negocio.

El análisis se profundizó en la transformación del comercio de drogas en la ciudad. Comunicó que tras el desmantelamiento del Bronx en 2016, la capital vio surgir 14 nuevos centros de microtráfico; tres de ellos están en Kennedy.

La fragmentación de la cadena criminal dificulta la acción de las autoridades, pues cada eslabón —desde los grandes distribuidores hasta los vendedores callejeros— cumple tareas específicas y separadas.

Uno de los puntos críticos identificados es la Puerta 6 de Corabastos, eje de acopio de droga proveniente de otras regiones del país y escenario de disputas violentas entre bandas. Las autoridades reportaron la incautación, solo en 2023, de más de “550 kilos de marihuana lista para ser distribuida en la ciudad, mercancía valorada en más de $2.000 millones”, puntualizó Silva Vizcaya.

El crecimiento del microtráfico no responde únicamente a la demanda de drogas entre los habitantes. El estudio resalta causas estructurales como la corrupción, la ineficacia judicial, la débil respuesta estatal y la utilización de menores de edad por parte de los delincuentes.

A esto se suma el traslado de la mercancía a espacios urbanos para reducir costos y riesgos. Los precios varían de acuerdo con el poder adquisitivo de los consumidores, lo que incentiva la adaptación de las redes criminales.

“El microtráfico representa no solo un problema de seguridad, también es una economía paralela que compite con las legales”, afirmó Silva Vizcaya.

El académico enfatizó que los grupos han sabido explotar los vacíos del Estado: “Subcontratan bandas locales, utilizan menores de edad para evadir penas, y cuentan con redes de protección institucional que les permiten operar con relativa impunidad. En muchos casos la comunidad prefiere guardar silencio por miedo o porque obtiene ingresos indirectos de estas economías ilícitas”.

El experto llama la atención sobre el abandono institucional de zonas como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa: “No pueden seguir siendo laboratorios de abandono institucional y renta criminal.

Pero para el investigador, la respuesta no puede basarse únicamente en el aumento del pie de fuerza o en intervenciones policiales. Sugiere un enfoque integral que articule seguridad, justicia, salud pública y desarrollo social.

“Se requiere una estrategia que recupere la confianza institucional, promueva empleabilidad juvenil, garantice acceso a oportunidades y fortalezca el tejido comunitario”, dijo.

La denuncia, la organización social, la recuperación de espacios públicos y la exigencia de resultados forman parte de las recomendaciones del estudio. La lucha contra el microtráfico, concluye Silva Vizcaya, “no se gana solo con operativos, vigilancia y castigo, sino con comunidades empoderadas que no toleren la normalización del delito”.