Misión de la OEA en Colombia se pronunció con “profunda preocupación” por ola de inseguridad en el Guaviare: tras ataque a periodista y masacre de líderes sociales

“La paz exige valentía, escucha y acciones conjuntas. No podemos permitir que la violencia silencie voces ni obstruya los caminos construidos”, así advirtió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA) en un comunicado difundido el 7 de julio de 2025.

Este llamado urgente de la OEA pone en el centro de la agenda la inseguridad en el sur de Colombia y la necesidad de proteger a los líderes sociales ante el deterioro de la situación en el departamento del Guaviare.

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La organización expresó su “profunda preocupación” por el recrudecimiento de la seguridad en ubicada en la en límites entre el centro y el sur de Colombia, donde persisten amenazas y ataques que afectan a civiles, líderes sociales, periodistas y funcionarios, destacó EFE.

El organismo denunció el avance de organizaciones armadas ilegales, cuyas disputas y acciones violentas “vulneran gravemente los derechos de las comunidades, generan desplazamientos forzados, confinamientos y afectan el ejercicio legítimo de funciones institucionales”, expresó la misión.

La situación que se registra en el Guaviare, ubicado en la confluencia de la Orinoquía con la Amazonía, y en donde operan varios grupos de las disidencias de las Farc, ha llevado a que las autoridades atribuyen la actual ola de violencia a estas organizaciones criminales.

En las últimas semanas, la región ha sido escenario de hechos que reflejan el recrudecimiento del conflicto armado.

El sábado 5 de junio de 2025 el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, conocido como Gustavo Chica, y su esposa sufrieron un atentado a bala en San José del Guaviare, a pesar de que contaba con medidas de protección por amenazas previas de grupos armados ilegales.

El Ministerio del Interior colombiano, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenaron este ataque, indicó Caracol Radio.

En un comunicado, la FIP expresó su “total rechazo a este nuevo atentado contra la vida de periodistas en Colombia” y exigió a las autoridades “garantizar una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, agregó el documento.

Días antes, en el municipio de Calamar, cinco personas fueron asesinadas por presuntos integrantes de disidencias de las Farc, un hecho que conmocionó a la población local y encendió las alertas sobre la fragilidad de la seguridad en el territorio.

Además, comunidades campesinas e indígenas han denunciado confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones impuestas por actores armados ilegales que disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Esta situación fue denunciada por parte de la Defensoría del Pueblo, tras señalar las alertó de las disputas entre Alexander Díaz Mendoza, alias Mordisco; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Calarcá.

La Misión de la OEA en Colombia condenó también “el clima de miedo e intimidación” que se vive en el Guaviare y exigió el cese inmediato de los hechos que “atentan contra la vida, la integridad y la dignidad humana”, resaltando que “ningún objetivo justifica el uso del terror ni la afectación a la población civil”.

El pronunciamiento respaldó las alertas emitidas previamente también por la Alcaldía de San José del Guaviare, y reiteró que continuará trabajando junto a comunidades e instituciones “promoviendo el respeto a los derechos humanos, el diálogo y una presencia institucional efectiva como bases para una paz real y concreta”.

La OEA instó al Estado colombiano a fortalecer su presencia en el territorio, garantizar la seguridad y propiciar espacios de diálogo con instituciones locales y regionales.

La Defensoría del Pueblo confirmó la grave situación humanitaria en el departamento del Guaviare tras el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en zona rural de Calamar.

El descubrimiento, anunciado el martes 1 de julio por la Fiscalía General de la Nación, da sustento a las advertencias emitidas por la Defensoría en la Alerta Temprana 01 de 2025, sobre la escalada de violencia por la disputa territorial entre disidencias de las FARC dirigidas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

Las víctimas, citadas por el frente primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc, desaparecieron meses atrás y sus cuerpos fueron identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

La Defensoría enfatizó que, desde abril, realiza un seguimiento cercano a la crisis junto a autoridades locales y nacionales. Exigió, además, a los grupos armados permitir medidas humanitarias y advirtió sobre la persistencia de confinamientos, restricciones de movilidad y la falta de acceso efectivo a ayuda humanitaria—afectada, a su vez, por las recientes inundaciones.

La situación de los pueblos indígenas Nükak y Jiw causa especial preocupación, ya que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural debido a desplazamientos forzados y violencia continua. Se mantienen patrones graves de violencia de género, explotación y agresión sexual contra mujeres y niñas de estas comunidades.

La Defensoría volvió a hacer la petición a las instituciones estatales y a las organizaciones humanitarias a fortalecer los esfuerzos en la protección y asistencia a las comunidades, y destacó la necesidad de medidas urgentes y estructurales para salvaguardar los derechos humanos y garantizar el esclarecimiento de los hechos violentos que afectan al Guaviare.