Un reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene contra las cuerdas a una abogada que, durante años, defendió a algunos oficiales del Ejército Nacional que fueron vinculados en el macrocaso 03 relacionado con las ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos.
De hecho, un reciente informe de la revista Cambio reveló el testimonio del sargento Alexander Muñoz Orozco en el que acusó a la abogada Irma Yasmith Suárez Mariño de sugerir un presunto asesinato contra uno de sus compañeros para “callarlo” en medio de las investigaciones.
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“-¿Sabe qué toca hacer, Muñoz? Toca callar a Londoño -¿Cómo así, doctora? ¿Callar a Londoño? Pero Londoño ya dijo la verdad. - No, a Londoño toca matarlo”, se lee en una de las confesiones del sargento ante la JEP.
La persona a la que se refieren en dicha confesión es a Mauricio Londoño Ardila, un soldado del Ejército que se habría acogido a la justicia especial y que sería solo un eslabón en el complejo entramado de presuntas intimidaciones y ocultamiento en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Primera División del Ejército Nacional de Colombia.
Los hechos referidos por Muñoz ocurrieron en 2014, cuando él, en ese entonces sargento del Ejército, se hallaba recluido tras entregarse voluntariamente a la justicia.
En su versión, el sargento señaló que la abogada que le fue asignada para su defensa —a quien él conoce como “Jazmín”— le sugirió asesinar a Mauricio Londoño, que había decidido denunciar públicamente la existencia de “falsos positivos” cometidos por el Batallón La Popa de Valledupar entre los años 2000 y 2008.
Muñoz recalcó que la letrada no solo lo presionaba para silenciar a posibles delatores, sino que le cobraba sumas de dinero sin entregarle documentación o avances concretos sobre su proceso judicial.
El testimonio de Muñoz ante la JEP aporta detalles sobre la manera en que, según narró, Suárez Mariño buscó evitar que la responsabilidad de altos mandos militares se viera comprometida por sus declaraciones. Afirmó que la abogada le explicó que su principal tarea era defender a oficiales de mayor rango, específicamente el mayor Rubén Briam Blanco Bonilla y el coronel Adolfo León Hernández, asegurando que ellos “eran sus ahijados”.
El militar rememoró además que fue objeto de advertencias directas sobre las consecuencias que sufriría su familia si hablaba, detallando que Suárez Mariño le mencionó la dirección exacta de su madre y le instruyó no involucrar a estos superiores en las diligencias judiciales.
Durante la versión voluntaria ante la JEP, los magistrados confirmaron con Muñoz la identidad de la abogada. Según detalló Cambio, Muñoz accedió a pagar 60 millones de pesos por la representación legal tras vender su vivienda, y posteriormente abonó otros 13 millones, supuestamente para “callar gente”. Pese a estos pagos y al intento de fabricar testigos que avalaran la versión oficial de los hechos, nunca recibió información de evolución positiva en su caso.
“-Magistrado Óscar Parra: Señor Muñoz, solo para confirmar el tema del nombre de la abogada ¿se trata de Irma Yasmith Suárez Mariño? -Alexander Muñoz Orozco: Mariño, sí, es una chiquitica, gordita, monita”, se lee en el testimonio revelado por el medio nacional.
La declaración de Muñoz también incluyó una reconstrucción de la conversación en la que la abogada sugirió la posibilidad de envenenar a Londoño con un “pollo árabe”, a lo que él se negó rotundamente. El militar aseguró que la abogada demostró desde ese momento su disposición a recurrir a métodos extremos para proteger a los oficiales de alto rango vinculados al caso.
“-A.M.O: No, doctora, eso sí no.
-Irma Yasmith Suárez: Muñoz, yo voy a comprar un pollo árabe. Yo compro el pollo árabe, usted lo recibe en la guardia y usted se lo lleva a Londoño.
-A.M.O: Doctora, usted puede comprar el pollito y comérselo usted sola, pero yo un pollo envenenado no se lo voy a dar a nadie (...) yo no me voy a meter en más problemas", es otro de los fragmentos revelados por Cambio.
A raíz de la declaración ofrecida por Muñoz ante la JEP en octubre de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad resolvió compulsar copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue la conducta de Suárez Mariño por la gravedad de las acusaciones.
La decisión aparece consignada en un auto fechado el 27 de junio de 2025, al que tuvo acceso el medio nacional. En paralelo, la JEP también trasladó copias a la Fiscalía General de la Nación tras una decisión del pasado 2 de julio, con el fin de que se adelanten indagaciones penales.
Además de Muñoz, el coronel Adolfo León Hernández Martínez habría denunciado ante la JEP irregularidades en el proceder de Suárez Mariño, señalando que esta solicitó dinero sin explicar el propósito de dicho requerimiento. La abogada, quien ejercía como defensora pública adscrita a la Defensoría del Pueblo hasta diciembre de 2021, no tiene sanciones vigentes, pero acumula seis suspensiones provisionales previas por faltas como inasistencia a audiencias y desatención de procesos, la más reciente de ocho meses en abril de 2023.
En contacto con Cambio, Irma Yasmith Suárez Mariño negó tajantemente los señalamientos de Muñoz. Precisó que desconoce al sargento, que jamás sugirió silenciar o asesinar a testigos, que no conoce a Londoño y que nunca fue abogada defensora del coronel Hernández.
Agregó que, aunque representó al mayor Blanco en algunas actuaciones judiciales, lo hizo en procesos previos a las imputaciones por ejecuciones extrajudiciales. Suárez Mariño sostuvo que evaluará la posibilidad de iniciar acciones legales por las acusaciones, ratificó que puede presentar documentación que acreditaría su conducta profesional, y aseguró que nunca ha representado a comparecientes ante la JEP.
“Voy a poner una denuncia penal porque no tengo ni idea de qué está hablando ese señor. ¿Usted cree que uno es tan bruto para hacer una cosa de esas? Señor Jesús. Es más, yo puedo reunir a todo el mundo, que yo haya llevado procesos del mayor Blanco, y le dirán yo como me portaba. Eso jamás sucedió”, respondió la abogada al medio nacional.
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