El Consejo de Estado recibió una demanda por pérdida de investidura o “muerte política” contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por un supuesto abuso de función pública y tráfico de influencias.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el abogado William Quintero, según reveló W Radio, pese a que la congresista figura como una de las delegadas nacionales del Gobierno en la mesa de conversación sociojurídica con los grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, se ha establecido que el verdadero coordinador de dicha mesa es Jorge Iván Mejía Martínez.
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No obstante, la denuncia detalla que dicho documento mediante el cual el director de la cárcel de Itagüí autorizó el traslado de reclusos a un evento liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín responde a una solicitud de Zuleta en calidad de “coordinadora”, cargo que, de acuerdo con el demandante, no le corresponde.
“Por medio de esa intromisión indebida, faltando a sus deberes como Congresista y extralimitándose en rol de miembro de la mesa de diálogos referida, solicita el traslado de los privados de la libertad (...) sin horas para participación en acto público con el presidente de la República en vía pública en la plazoleta de la Alpujarra en la ciudad de Medellín”, señaló el jurista en la demanda revelada por el citado medio de comunicación.
Del mismo modo, el accionante sostiene que las presuntas acciones de la congresista se ajustan a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, que regula las causales para la pérdida de investidura.
El caso se origina tras un evento en Medellín, llevado a cabo el sábado 21 de junio de 2025, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, y en la que se destacó la asistencia de varios cabecillas de bandas criminales, que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí.
Hasta el momento, el Consejo de Estado continuará el estudio de la acción presentada por William Quintero.
Paola Holguín también denunció a Isabel Zuleta ante la Corte Suprema
Esta no ha sido la única acción judicial emitida contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por la salida de los cabecillas de bandas criminales en Medellín.
A esto se suma la denuncia penal interpuesta por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, acusando a la parlamentaria Zuleta de incurrir en el delito de abuso de función pública, tipificado en el artículo 428 del Código Penal colombiano.
De acuerdo con el documento presentado por la congresista de oposición ante la Corte Suprema de Justicia, la parlamentaria del Pacto Histórico solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la remisión temporal de nueve internos para asistir al acto presidencial, una acción que, de acuerdo con Holguín, se realizó “sin contar con las atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo”.
Además, el documento enfatiza que la solicitud carecía de fundamentos jurídicos que habilitaran a la legisladora para intervenir en la situación carcelaria de los internos.
“No existe norma alguna que le autorice para promover, gestionar o solicitar un permiso de semejantes características (...) la norma no implica, expresa ni tácitamente, asumir funciones que correspondan a otra autoridad, administrativa o judicial”, explicó Holguín en el documento.
Además, Paola Holguín argumenta que la designación de Isabel Zuleta como representante del Gobierno para adelantar acercamientos con organizaciones armadas no le otorga competencia sobre la situación jurídica de los privados de la libertad.
Paralelamente, la senadora del Centro Democrático presentó una denuncia penal separada ante la Fiscalía General Militar y Policial contra el funcionario del Inpec que firmó la resolución, señalándolo como presunto autor del delito de prevaricato por acción.
El requerimiento de Zuleta fue recibido por el cuerpo de seguridad penitenciario el 19 de junio y derivó en la expedición de la Resolución 5208, firmada por el entonces director de Custodia y Vigilancia (e) del Inpec, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria. Mediante esta resolución, se autorizó el traslado de los reclusos desde la cárcel de Itagüí hasta Medellín para su participación en el evento público.
La congresista de oposición sostiene que el permiso concedido por el Inpec no se ajustó a las causales previstas por la ley, que solo permite traslados excepcionales bajo circunstancias específicas, como una emergencia médica o el fallecimiento de un familiar, y siempre bajo los términos de la Ley 65 de 1993.
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