
A partir del 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional, a través de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), asumirá la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicio a Cali, durante un periodo transitorio de hasta 11 meses, una vez finalice el contrato de concesión vigente.
Así lo confirmó la entidad durante la segunda sesión de la Comisión Accidental del Congreso encargada de supervisar este proyecto estratégico para el suroccidente colombiano.
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Según el comunicado oficial de la Aerocivil, se proyecta una inversión de hasta $90.000 millones de pesos para garantizar la operación pública del aeropuerto, en tanto se avanza en la estructuración y adjudicación de una nueva concesión privada. Inicialmente, la entidad destinará $59.877 millones durante los primeros ocho meses de gestión directa.

“La entidad proyecta estas inversiones que estarán destinadas en caso de extenderse la retoma hasta por 11 meses, mientras se avanza en el proceso de una concesión privada”, señaló la Aerocivil.
Durante la sesión, la Aerocivil presentó los avances del proceso de reversión y planificación que permitirá asumir el control de la terminal aérea de manera ordenada y técnica. Frente a congresistas, autoridades locales y representantes del actual concesionario, la entidad explicó que su plan contempla aspectos administrativos, financieros, jurídicos, de infraestructura y servicios aeroportuarios.
También se reveló el organigrama operativo y los procesos asociados a gestión humana, tecnología, comunicaciones y mantenimiento. Se contemplan intervenciones de infraestructura, incluyendo trabajos en terminales y pista.
Avances y metas de la nueva concesión

La Comisión Accidental del Congreso sesionó con participación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Alcaldía de Palmira y la propia Aerocivil. El objetivo del encuentro fue revisar el estado actual del aeropuerto y definir mecanismos de seguimiento al proceso de apertura de la nueva concesión, que se prevé lanzar en el cuarto trimestre de 2025.
“Nuestro compromiso es sacar adelante lo más pronto posible esta concesión y garantizar que este eje de desarrollo regional cuente con los mejores estándares de calidad para el suroccidente colombiano”, afirmó el representante a la Cámara Julián López.
Según López, si el proceso avanza conforme a lo planeado, la adjudicación de la nueva concesión podría concretarse en diciembre de 2025. No obstante, si se presentan nuevos interesados o se requieren ajustes, el proceso podría extenderse hasta abril del próximo año.

En la reunión, la ANI presentó el cronograma definido por el estructurador y los avances en materia jurídica, técnica y financiera. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite de obtención de las aprobaciones gubernamentales requeridas entre las que se encuentra el concepto de viabilidad del esquema APP y del comparador público-privado ante el DPN, proceso que se prevé finalizar en el mes de agosto de 2025.
Una vez obtenidas dichas aprobaciones, se procederá con la presentación del proyecto ante el Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil y las organizaciones sindicales de esa entidad. Finalmente, se tiene prevista la presentación formal ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Advertencia sobre los retrasos

Pese a los avances presentados, la sesión no estuvo exenta de llamados de atención por parte de algunos congresistas sobre los tiempos del proyecto. El representante a la Cámara por el Partido Comunes, Luis Alberto Albán Urbano, expresó su preocupación al respecto: "Nos preocupa que el desplazamiento de los cronogramas sea algo normal, cuando no puede ser así”.
Albán advirtió que este tipo de retrasos no puede volverse costumbre, dada la importancia estratégica que tiene la terminal aérea para la conectividad y el desarrollo económico de la región Pacífica.
También se refirió al componente internacional del aeropuerto. “El tema internacional de este aeropuerto es muy importante y hay que fortalecer y trabajar en ese aspecto”. En respuesta a estas inquietudes, se propuso implementar una ruta de control que permita a los integrantes de la Comisión Accidental realizar seguimiento detallado al proceso de transición, operación temporal y concesión definitiva.
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