El tiempo se agota. Eso es lo que advierte, con tono sereno pero firme, Astrid Martínez Ortiz, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), al analizar el presente fiscal del país. A pesar de que el Gobierno activó la cláusula de escape y presentó un plan de ajuste, las cuentas siguen sin cerrar. Y lo que está en juego no es menor, la estabilidad de la deuda pública, la inflación, las tasas de interés y, sobre todo, la confianza en la economía colombiana.
En entrevista con El Colombiano, Martínez explicó que, aunque el plan financiero del Ejecutivo busca corregir el rumbo, las medidas aún son insuficientes. Las proyecciones del Carf muestran que la deuda del Gobierno nacional podría alcanzar el 64,3% del PIB en 2027, una cifra que bordea el límite legal del 71%. “Estamos ante una situación de crisis fiscal. La pregunta es: ¿cuál es el tamaño del déficit y cómo reducirlo?”, planteó.
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Y el diagnóstico es claro. Para cumplir con la meta de déficit fiscal de 2025, que fue fijada en 7,1% del PIB, se requiere un ajuste inmediato de 8,3 billones de pesos. En 2026, esa cifra se dispararía a 33 billones. De ellos, 19,7 billones dependerían de la aprobación de una nueva reforma tributaria. “Pero mientras tanto no lo estamos incluyendo en nuestras cuentas”, aclara Martínez.
En ese escenario, el Carf mantiene su postura crítica frente a la activación de la cláusula de escape. Si bien reconoce que hay riesgos macroeconómicos, considera que no se materializaron en eventos extraordinarios que justifiquen suspender la regla fiscal. “Advertimos que no considerábamos que hubiera hechos extraordinarios sobrevinientes”, insistió.
El problema, sin embargo, va más allá de tecnicismos. Martínez compara el endeudamiento del Estado con el de una familia, si está sobreendeudada, ningún banco le presta sin elevar los intereses. Y lo mismo pasa con los países. “Es central tener una senda de deuda adecuada. Si el mercado percibe que no hay un crecimiento desbordado de la deuda, podrían moderarse los intereses”, explicó.
La urgencia del ajuste no solo es técnica, también es política. Para 2026, por ejemplo, la diferencia entre las proyecciones del Gobierno y las del Carf alcanza los 11 billones de pesos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ya cuenta con ingresos de una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. “Tiene que presentarse este año para que esos ingresos se reflejen en el escenario fiscal”, afirma Martínez.
Y si esos ajustes no se hacen, las consecuencias serán inevitables. “El déficit sería mayor y la deuda crecería más de lo previsto”, advirtió. La tasa de cambio podría desestabilizarse, la inflación repuntar y el crédito para Colombia encarecerse. Aunque reconoce que hoy no se ha visto un salto en el dólar, señaló que ese “desequilibrio” es algo que los mercados tarde o temprano castigan.
Martínez también habló del gasto público. Aunque algunos esperan que se recorte, recuerda que muchos gastos —como los sociales— son inflexibles. “Más allá de cierto porcentaje, ya no se puede recortar sin afectar el tamaño del Estado”, advirtió. Por eso, insistió, es necesario actuar por el lado de los ingresos.
¿La solución? Una reforma tributaria estructural, que amplíe la base, combata la evasión y sea percibida como justa. “Todos sabemos que no todo el mundo paga los impuestos que podría pagar”, lanzó, y añadió que una tributación más eficiente también exige controlar la corrupción.
En plata blanca, como dice la propia presidenta del Carf, el objetivo es lograr que la deuda converja hacia el 55% del PIB. Hoy, está en 61% y subiendo. Sin un cambio de rumbo, Colombia podría enfrentarse a un escenario fiscal que limite su crecimiento, debilite su inversión y castigue su moneda.
Martínez concluyó con una idea clara, el ajuste debe comenzar ya, no en unos años. “A medida que el ajuste comience antes, también habrá un efecto positivo en la dinámica de la deuda y en el servicio de la deuda”, sostuvo. En otras palabras, aplazar la decisión puede costar más caro que enfrentarla ahora.
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