El proceso judicial en el que está involucrado el coronel Carlos Feria mantiene en vilo a las autoridades de Colombia, luego de la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de expulsar al exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro.
La salida de Feria de territorio estadounidense se formalizó antes del 2 de julio de 2025, fecha límite fijada por las autoridades norteamericanas.
Este proceso de expulsión fue respaldado por integrantes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre ellos, la congresista María Elvira Salazar.
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El pronunciamiento de Salazar a través de su cuenta oficial de X acentuó el rechazo al refugio de funcionarios investigados por la justicia.
“El coronel Carlos Feria ya está de regreso en Colombia, como debe ser. Aquí, en Estados Unidos, no damos refugio a los que huyen de la justicia ni a operadores corruptos disfrazados de diplomáticos. No merece credenciales. No merece inmunidad. Ahora le toca responder ante los tribunales de su país. ¡La justicia debe imponerse!”
La Red de Veedurías de Colombia le solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría reiniciar las investigaciones abiertas en su contra por la polémica prueba de polígrafo aplicada a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, quien hasta el jueves 3 de julio ocupó el cargo de canciller y antes fue jefa de gabinete del mandatario.
Esta petición reactualiza una crisis que comenzó en 2023 y reaviva el interés público sobre las acciones del oficial y del entorno presidencial.
El caso se inscribe en el contexto del escándalo suscitado por las revelaciones de Marelbys Meza, quien denunció en entrevista con Semana haber sido sometida a una prueba de polígrafo por funcionarios de seguridad del Estado.
Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia, identificó a la entonces jefa de gabinete como presunta autora de instrucciones para la realización de la prueba y denunció interceptaciones ilegales.
La controversia derivó en aperturas de investigaciones judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la penal militar. El oficial Feria fue señalado por su supuesta participación en escuchas no autorizadas, lo que desplegó procesos judiciales paralelos bajo vigilancia de la Corte Constitucional.
El enfrentamiento jurídico ha estado marcado por solicitudes de la defensa de Feria para que se dirima la competencia entre tribunales, tras rechazos previos del Tribunal Superior de Bogotá y de la jueza a cargo del caso.
La defensa del coronel expuso que la notificación de expulsión se recibió por canales diplomáticos, aunque evitó precisar las razones de fondo. “Esta es una decisión diplomática y se desconoce cualquier pormenor del caso, cuáles son las motivaciones, y no nos corresponde a nosotros discutirlas”, resaltó Marlon Díaz, abogado de Feria, en diálogo con La W Radio. Ante la situación, la defensa decidió no apelar y dejó el expediente a decisión de las autoridades consulares.
La secuela de la expulsión repercutió en el ámbito político colombiano con la dimisión de la canciller Sarabia. El jueves 3 de julio de 2025, Sarabia oficializó su renuncia mediante una carta pública en X, declarando: “Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país, y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”.
La rápida sucesión de hechos ha generado interrogantes sobre la estrategia que seguirá la Fiscalía General y la Procuraduría frente a las imputaciones de abuso de poder y violaciones de derechos en el marco de la investigación a Meza.
La Red de Veedurías de Colombia enfatizó la importancia de esclarecer los alcances de las actuaciones de Feria durante su periodo cercano al presidente Petro y reclamó que con su presencia en Colombia se intensifiquen las indagaciones sobre hechos asociados a pruebas irregulares y vigilancia no autorizada.
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