
Una serie de acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro surgió desde el exterior y se replicó en medios y círculos políticos nacionales, según la denuncia radicada por el abogado Alejandro Carranza ante la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la denuncia, el excanciller Álvaro Leyva habría buscado crear un ambiente de inestabilidad institucional mediantes cartas públicas y audios en los que, según el texto, planeaba orquestar un golpe de Estado mediante el apoyo de gobiernos extranjeros.
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Según reportes recientes, la denuncia presentada incluye cargos por conspiración para delinquir con fines de sedición, traición a la patria, instigación a delinquir, calumnia agravada e injuria agravada contra Álvaro Leyva, quien en sus misivas y declaraciones acusó al presidente Gustavo Petro de tener supuestos problemas de drogadicción y de encabezar un gobierno ilegítimo.
El medio local precisó que las imputaciones contra el exfuncionario se derivan, principalmente, de los intentos que hizo para que gobiernos extranjeros intervinieran en el orden constitucional colombiano.

“Lo que pasa es que la traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro y es que él es un ex canciller de este gobierno. Y él no podía, como ex canciller de este gobierno, ir a un gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones, que ayudaran para que se hiciera una ruptura de ese hilo constitucional, y que el presidente Petro saliera de su cargo de forma anormal. Eso no se puede hacer”, explicó Alejandro Carranza en declaraciones consignadas por medios nacionales.
El letrado detalló que, pese a los señalamientos sobre la supuesta intervención extranjera promovida por Leyva, no existen pruebas materiales distintas de sus palabras y las de algunos legisladores estadounidenses.
El abogado denunciante recalcó que el gobierno estadounidense no llegó a ejecutar acciones directas, aunque mencionó las declaraciones reiteradas de uno de los congresistas norteamericanos, quien afirmó que el presidente Petro era “adicto”, lo que, según Carranza, forma parte de la estrategia para instalar una narrativa de incapacidad presidencial.
“¿Y qué pruebas tiene el país? ¿Qué documentos han evidenciado eso? No tienen ninguno, más allá de la palabra de un ex canciller ardido porque no le nombraron a su hijo como embajador o canciller y diciendo que es que él estuvo en unas reuniones supliendo al presidente”, puntualizó Carranza en diálogo con medios, subrayando la ausencia de evidencia documental sustancial.

Las palabras del abogado resaltaron la supuesta motivación personal de Álvaro Leyva, a quien señaló de actuar por resentimiento tras no conseguir el nombramiento diplomático de su hijo.
“Eso ya genera de inmediato una incapacidad”, manifestó Carranza sobre las acusaciones de Leyva, destacando que tales afirmaciones buscan crear en la opinión pública la idea de que el mandatario no está apto para gobernar y así legitimar un eventual proceso de destitución.
De acuerdo con las declaraciones incluidas en la denuncia, se acusa al excanciller de colaborar en la difusión de versiones negativas sobre el estado de salud del presidente, aprovechando su posición previa como funcionario y las relaciones internacionales que mantenía.
“Y esas palabras han retumbado desde el exterior hacia dentro para tratar de crear una verdad repitiendo miles de veces una mentira, y si se repite desde el exterior, pues mucho mejor. Ese era el plan que se está denunciando el día de hoy”, enfatizó Carranza ante la Fiscalía.

La denuncia sostiene que, desde la perspectiva del gobierno y del jurista, la estrategia denunciada habría tenido como objetivo desestabilizar al Ejecutivo y erosionar la confianza de la ciudadanía en la presidencia, constituyendo así, según la argumentación legal, un acto de traición a la patria.
Carranza planteó que la participación de Leyva en supuestos contactos y conversaciones para solicitar la intervención extranjera alcanzaría, por su gravedad, esta figura penal. “Por eso se habla una traición a la patria porque configura además la intención más o menos perfecta de causar ese mal, de causar ese daño”, sostuvo Carranza, al explicar los fundamentos del proceso penal impulsado desde el entorno presidencial.
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