Las repercusiones del evento político realizado el sábado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, siguen generando controversia. A raíz de este acto, donde participaron altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al mismo presidente Gustavo Petro, y al cual asistieron nueve personas privadas de la libertad, la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, formalizó una denuncia penal contra su homóloga Isabel Cristina Zuleta, perteneciente al Pacto Histórico.
El escrito, dirigido a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que la senadora Zuleta habría incurrido en el delito de “abuso de función pública”, contemplado en el artículo 428 del Código Penal, al solicitar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la remisión temporal de nueve internos para que asistieran al evento encabezado por el presidente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Según lo denunciado por Holguín, esta acción no solo se habría adelantado “sin contar con las atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo”, sino que representa una extralimitación grave frente a sus funciones como congresista y como representante del Gobierno en el espacio de diálogo con estructuras criminales.
Según lo expuesto en el documento radicado por Holguín, la solicitud elevada por la legisladora “petrista” carecía de fundamentos jurídicos que le otorgaran competencia para intervenir directamente en la situación carcelaria de los internos.
El requerimiento, según se lee en la denuncia, fue recibido por el cuerpo de seguridad penitenciario el 19 de junio, y dio pie a la Resolución 5208, firmada por el entonces director de Custodia y Vigilancia (e) del Inpec, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria. En dicha resolución, se autorizó el traslado de los reclusos desde la cárcel de Itagüí hacia Medellín para su participación en el acto público.
La denuncia insiste en que el permiso concedido por el Inpec no se ajustó a las causales previstas por la ley para este tipo de situaciones. La senadora Holguín recordó que los traslados excepcionales solo están permitidos bajo circunstancias claramente tipificadas, como una emergencia médica o el fallecimiento de un familiar, y deben ser autorizados en los términos previstos por la Ley 65 de 1993.
Según se lee en el documento: “No existe norma alguna que le autorice para promover, gestionar o solicitar un permiso de semejantes características”.
La senadora interpuso una segunda denuncia ante el acto en Medellín
Además del pronunciamiento judicial contra Zuleta, la senadora Holguín también elevó una denuncia penal separada contra el funcionario del Inpec ante la Fiscalía General Militar y Policial, señalándolo como presunto autor del delito de prevaricato por acción.
En esta segunda denuncia, sostiene que la expedición de la Resolución 5208 constituye un acto administrativo “manifiestamente contrario a la ley”, por cuanto el evento al que asistieron los reclusos no correspondía ni a una diligencia judicial, ni a una cita médica ni a un procedimiento administrativo regulado.
“El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de dieciséis a treinta y seis meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta meses”, reza el artículo 428 citado como fundamento del proceso.
Bajo este argumento, la denuncia contra la senadora Zuleta se centra en que la solicitud dirigida al Inpec implicaría asumir funciones que están exclusivamente reservadas a otras autoridades, como los jueces de ejecución de penas.
A través de la resolución, el Gobierno designó a varios representantes para adelantar acercamientos y conversaciones con organizaciones armadas, entre quienes figura Isabel Zuleta. No obstante, Holguín destaca que dicho instrumento no le confiere competencia alguna sobre la situación jurídica de los privados de la libertad.
De manera textual, el documento reitera que “la norma no implica, expresa ni tácitamente, asumir funciones que correspondan a otra autoridad, administrativa o judicial”, al insistir en que incluso en los casos donde se pretenda modificar la condición de un interno, debe intervenir el juez correspondiente.
Más Noticias
Estos son los mejores lugares para trabajar en Colombia: un banco y una compañía francesa lideran el listado
Según el ranking, estas compañías se destacan por el impacto positivo y bienestar que generan en sus colaboradores
Por alerta en el volcán Puracé, la Ungrd recomienda evacuar algunos municipios del Cauca
Tras el aumento en la actividad del volcán, y como acción preventiva, se evacuarán 70 personas que habitan cerca al cráter
Juan Carlos Pinzón suma respaldo de ADA en Cali y fortalece campaña presidencial con mensaje de unidad nacional
El acto en la capital vallecaucana reunió a líderes de la Alianza Democrática Amplia, con el senador Paulino Riascos oficializando el coaval a Pinzón y destacando el compromiso con la población afrodescendiente
Dos jóvenes fueron rescatadas tras quedar atrapadas bajo una buseta en Medellín tras sufrir accidente de tránsito
Un choque entre una motocicleta y un vehículo de servicio colectivo movilizó a la comunidad, que logró rescatar a las afectadas
Así va la tabla de posiciones del grupo A en las semifinales de la Liga BetPlay II-2025: Junior es líder y esto es lo que necesita para ser finalista
El Tiburón remontó ante Atlético Nacional, en condición de local, y se acercó a la final del segundo semestre del fútbol colombiano a falta de dos fechas para finalizar los cuadrangulares
