El coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, regresará a Colombia tras ser expulsado de Estados Unidos.
Así lo confirmó su abogado Marlon Díaz, en declaraciones a W Radio, que sostuvo que la salida de su cliente del territorio norteamericano responde a una comunicación oficial a través de los canales diplomáticos, pero desconoce los motivos reales sobre esta decisión.
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“Esta es una decisión diplomática y se desconoce cualquier pormenor del caso, cuáles son las motivaciones, y no nos corresponde a nosotros discutirlas”, afirmó Díaz al citado medio de comunicación.
Del mismo modo, el jurista afirmó que no van a desarrollar ninguna apelación a la decisión de la Casa Blanca, al considerar que esto lo dejará en manos de la Cancillería de Colombia con su par en Estados Unidos.
“Ese es un asunto que le corresponde al fuero de los Estados, son las relaciones diplomáticas por las que, por supuesto, nosotros no nos vamos a inmiscuir, ni sugerir, ni solicitar”, indicó al medio citado.
Sin embargo, no descartó que una de las posibilidades sobre la salida del funcionario colombiano obedece a una petición de la congresista republicana María Elvira Salazar, que dio a conocer la decisión del gobierno norteamericano el viernes 27 de junio en la red social X.
“Ella hizo pública no solamente su petición, sino en su momento también la respuesta el día viernes (27 de junio). Allí aparece una petición específica que hizo al interior de del gobierno de los Estados Unidos y justamente podría ser una de las razones. Pero reitero, no existe un algo específico que se conozca”, explicó.
Así mismo, el abogado Marlon Diaz señaló que, una vez se completen los trámites correspondientes entre ambas naciones, se espera que el coronel Carlos Feria llegue a territorio colombiano en la primera semana del mes de julio del año en curso.
“Será la próxima semana (primera semana de julio). Entiendo que es el plazo que fijan un poco para cerrar, como todos los aspectos en Estados Unidos, y regresar a Colombia”, comentó.
Caso Marelbyz Meza
La figura de Carlos Feria ha estado en el centro de la controversia desde que se conoció su presunta implicación en el caso de interceptaciones ilegales a Marelbyz Meza, la exniñera de la hoy canciller colombiana Laura Sarabia.
Este escándalo, que se originó en el año 2023, puso bajo la lupa los procedimientos de seguridad y vigilancia en el entorno presidencial colombiano. Feria, que ostentaba el cargo de jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, fue señalado por su presunta participación en la orden o ejecución de escuchas no autorizadas, lo que derivó en la apertura de procesos judiciales en su contra.
Frente a ello, el abogado de Carlos Feria, Marlon Diaz, detalló que el proceso se divide en dos jurisdicciones, pero que se mantiene la presunción de inocencia por parte de su cliente.
“El proceso se surte en dos jurisdicciones, una es la ordinaria donde se formuló imputación en noviembre de 2023 y en 2024 se presentó escrito de acusación y se realizó audiencia de acusación en ese trámite ordinario ante el Juzgado 14 penal del circuito (…) Esta defensa hizo una solicitud de conflicto jurisdiccional porque se tramita una actuación también ante la justicia penal, militar y policial. Esa petición fue rechazada en su momento de plano por la jueza de conocimiento, igual que unas peticiones de nulidades que se plantearon por esta defensa y por la de los otros dos ciudadanos allí involucrados”, manifestó el jurista a W Radio.
Tras la negativa, la defensa del coronel Feria interpuso un recurso procedente o de queja ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que el alto tribunal dejó en manos de la Corte Constitucional para que definiera la situación.
“El Tribunal Superior de Bogotá le dio trámite a la primera petición que hiciéramos nosotros, que es el conflicto jurisdiccional, y remitió la actuación a la Corte Constitucional para que fuera allí el organismo encargado en Colombia de definir ese conflicto entre jurisdicciones, el que determinará si le corresponde el adelantamiento del proceso a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción penal militar y policial (...) aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Corte Constitucional”, puntualizó.
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