Revés para el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal: Procuraduría prorrogó su investigación disciplinaria

La Procuraduría General de la Nación decidió prorrogar por tres meses la investigación disciplinaria contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por las presuntas irregularidades en la toma de posesión forzosa de la EPS Sanitas.

Esta decisión, que también involucra a la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Beatriz Noguera, y a miembros del comité de medidas especiales y asesores del despacho.

Esta determinación se conoce en medio de la alta tensión institucional y el debate público sobre la intervención estatal en el sector salud colombiano.

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Adicional a esto, porque Leal le presentó su carta de renuncia al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo desde el 30 de mayo. Su decisión, como informó Confidencial Noticias, obedecería a sus posibles intenciones de ser incluido en la lista de la consulta interna de la Alianza Verde para elegir al candidato presidencial para los comicios de 2026.

El proceso disciplinario liderado por el ente regulador se centra en la actuación de Leal durante la intervención a la EPS Sanitas, una de las entidades prestadoras de salud más relevantes del país.

La investigación busca esclarecer si existieron faltas disciplinarias en la toma de control de la empresa, un hecho que ha generado controversia tanto en el ámbito político como en el sector de la salud, señaló Caracol Radio.

La Procuraduría explicó que la prórroga tiene como objetivo “practicar las pruebas pertinentes, conocer los testimonios de los testigos y quejosos y así, esclarecer los hechos investigados para determinar si la conducta constituye una falta disciplinaria”, señaló el comunicado del ente.

La investigación no solo involucra a Leal. También fueron arropadas con la decisión Beatriz Noguera, superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud y es esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Además, se encuentran bajo escrutinio los miembros del comité de medidas especiales y los asesores del despacho.

Este caso ha cobrado mayor relevancia tras la reciente decisión de la Corte Constitucional, que anuló la intervención a la EPS Sanitas al considerar que se violaron los derechos al debido proceso.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, señaló que será responsabilidad de la Superintendencia de Salud devolver el control total a la EPS Sanitas, asegurando que el servicio a los usuarios no se vea afectado durante la transición.

Esta sentencia ha generado un nuevo escenario para la investigación disciplinaria, dejando en entredicho la legalidad y legitimidad de la intervención estatal.

En medio de este debate el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, mostró su posición crítica frente a las intervenciones del Gobierno en empresas del sector salud.

Eljach aprovechó su participación en uno de los paneles en el Congreso de Andesco, realizado en Cartagena el 27 de junio de 2025, y dijo: “No puede ser, no puede seguir siendo, no puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas, porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”.

El procurador Eljach ha insistido en la necesidad de que las intervenciones se realicen con la máxima rigurosidad con el objetivo de recuperar tanto el servicio afectado como la estabilidad de la empresa intervenida.

“Eso hay que mantenerlo muy presente, especialmente en el sector de servicios públicos. Insisto, hay que ponerle mucho cuidado, en la academia especialmente y en la parte técnica, a la actividad de intervención de las entidades porque ese recurso pertenece a los inversionistas y no es del Estado. Y hay que ponerlo a funcionar para que preste bien el servicio y no buscando la liquidación como un propósito inicialmente deliberado cuando se interviene una entidad”.

La preocupación por la posible liquidación de la EPS Sanitas (y de paso la afectación a la prestación del servicio de sus usuarios que, según cifras de la Adres –Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud– para marzo de 2024, era de 10,8 millones de afiliados, ha sido uno de los cuestionamientos más sensibles.

Sobre todo porque puede haber vidas en riesgo por la no prestación de los servicios a tiempo, como ya se ha indicado en varias oportunidades (por ejemplo al no poder programar citas con especialistas, intervenciones quirúrgicas o reclamar de medicamentos).

La investigación disciplinaria se extenderá hasta septiembre de 2025, y la atención se centra en el desenlace del proceso y en las posibles repercusiones para los funcionarios involucrados, la EPS Sanitas y el sistema de salud en su conjunto.

Leal, cuya última aparición en público se dio el 25 de junio de 2025 tras la firma de la reforma