En medio de la incertidumbre sobre la continuidad en la expedición de pasaportes en Colombia, el Tribunal Administrativo de Caldas recibió una acción de cumplimiento con medidas cautelares. Esta busca que el Gobierno garantice la prestación ininterrumpida del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025, fecha en la que vence el contrato actual con la Unión Temporal Documentos de Viaje, integrada por Thomas Greg & Sons.
La acción se fundamenta en el artículo 87 de la Constitución, que permite a cualquier ciudadano acudir a la justicia para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. En este caso, se argumenta que el Estado no formalizó ni adjudicó un nuevo contrato que asegure la expedición continua de pasaportes con validez internacional.
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La situación se complica por la falta de un acuerdo formal con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad con la que se había proyectado iniciar la producción de pasaportes en Colombia desde septiembre de 2025. Aunque existía un memorando de entendimiento firmado en octubre de 2024, no se concretó un contrato ejecutable ni una estructura operativa viable. Además, el convenio establece que el contrato se regiría bajo las leyes de Portugal, lo que generó controversia y retrasos en la implementación.
Ante esta incertidumbre, la Cancillería, liderada por Laura Sarabia, ha decidido declarar una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses el contrato con Thomas Greg & Sons. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio mientras se adaptan las condiciones técnicas, jurídicas y económicas necesarias para dar entrada al nuevo modelo de fabricación de pasaportes que incluirá la intervención de Portugal
El excanciller Luis Gilberto Murillo, ahora precandidato presidencial, afirmó que dejó estructurada una hoja de ruta completa para la transición del servicio. Sin embargo, la actual canciller Sarabia cuestionó esta afirmación, señalando que no se dejó un plan concreto ni se firmó el contrato antes de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La acción de cumplimiento también advierte sobre las posibles consecuencias del incumplimiento en la expedición de pasaportes, que podría comprometer tratados internacionales, incluyendo la exención del visado Schengen, al no garantizarse la producción de pasaportes bajo los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y aceptados por la Unión Europea.
En este contexto, la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia depende de las decisiones que tome el Gobierno en las próximas semanas, ya sea formalizando un nuevo contrato con la Casa de la Moneda de Portugal o extendiendo nuevamente el contrato con Thomas Greg & Sons.
El costo por ciudades
Aunque el trámite se inicia de forma virtual, el pasaporte colombiano solo se expide en oficinas físicas autorizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y algunas gobernaciones. Y aquí es donde todo cambia, el precio varía considerablemente según el lugar donde se tramite.
En 2025, Bogotá sigue liderando como la opción más económica del país para obtener este documento esencial, tanto para viajes de turismo como por estudios, trabajo o residencia en el extranjero. En la capital, el pasaporte ordinario cuesta 186.000 pesos (111.000 + 75.000 de impuesto), según cifras oficiales. El ejecutivo, una versión más costosa, vale 319.000 pesos, y el de emergencia, 192.000 pesos. Estos montos no incluyen posibles cargos adicionales por estampillas o tributos locales, pero aun así representan los valores más bajos a nivel nacional.
El panorama cambia fuera de la capital. Los impuestos departamentales disparan los precios en varias regiones. El pasaporte ordinario más caro en 2025 se encuentra en Norte de Santander con un costo de 358.350 pesos. Le siguen de cerca Quindío, con 344.800 pesos , y Valle del Cauca, donde llega a 333.000 pesos.
En el caso del pasaporte ejecutivo, los valores más altos se registran en Cesar (460.000 pesos ), Putumayo (448.000 pesos ) y nuevamente Norte de Santander, donde alcanza 495.350 pesos. Estos montos reflejan la suma del precio base más los tributos específicos de cada gobernación, lo que puede aumentar notablemente el total a pagar.
En contraste, algunos departamentos mantienen tarifas más accesibles. En Caquetá, el ordinario cuesta 226.000 pesos; en Boyacá, 228.000 pesos. Magdalena no figura con precio oficial, pero históricamente ha manejado tarifas similares a las más bajas del país.
Antes de agendar una cita, conviene verificar el valor actualizado en la página web de la Cancillería o directamente con la gobernación donde piense hacer el trámite. Si tienes un viaje cercano y la posibilidad de desplazarse, hacerlo en Bogotá podría suponer un ahorro significativo.
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