
El hecho ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando tres mujeres y un hombre, de aproximadamente 35 años, ingresaron a la vivienda de una pareja de la tercera edad haciéndose pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Llevaban batas blancas con el escudo oficial, tapabocas, gorras e instrumentos médicos como un tensiómetro. La escena simulaba una visita médica domiciliaria.
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María, una de las víctimas del reciente asalto en el barrio La Serafina, al sur de Bogotá, indicó en Blu Radio que no puede creer que esto haya sucedido en su “propia casa“.
El asalto tuvo lugar en una zona residencial cercana al portal de Transmilenio del 20 de julio, considerada segura por los vecinos.
Según las declaraciones de las víctimas y testigos, al medio mencionado, falsos funcionarios llegaron con un discurso cuidadosamente preparado.
“Les dijeron que les iban a practicar algunos exámenes gratuitos, que iban a verificar cómo estaban los medicamentos y si se los estaban entregando a tiempo de parte de la EPS, lo cierto fue que los engañaron”, indicaron.

Además, indicaron que los presuntos delincuentes mencionaron nombres de medicamentos y formularon preguntas específicas sobre la salud de los adultos mayores, lo que ayudó a disipar las sospechas.
La pareja confió en la supuesta autoridad de los visitantes. Los delincuentes preguntaron por los medicamentos y sugirieron incluso cambios en la medicación.
“Eso se ponen de acuerdo ellos y hablan con una naturalidad, nombres de remedios. Preguntaron qué remedio está tomando tal tal. Ah, y no ha sentido o ha sentido mejoría o qué o malestar. Ella le dijo, ‘No, a veces agüeras’. Ah, ese se lo vamos a cambiar”, contó una de las víctimas a Blu Radio.
La familiaridad con los datos médicos fue inquietante, pues los delincuentes conocían nombres completos y la EPS a la que están afiliados.
El engaño alcanzó su punto más crítico cuando los falsos funcionarios pidieron a los abuelos que se desnudaran en el baño para exámenes médicos.

Mientras estaban allí o encerrados en otra habitación, los cómplices registraron la casa y se llevaron los ahorros. “Una vez que estábamos que nos tenían en los baños o encerrados, los otros estaban esculcando, haciendo de la suya”, dijo la víctima, evidenciando la coordinación del grupo delictivo.
El daño emocional es profundo. Más allá de la pérdida material, la sospecha de que los delincuentes tenían información privilegiada ha dejado una huella difícil de borrar. “Desconocemos cómo sabían perfectamente nuestros nombres y cómo sabían hasta de la EPS en la cual estamos”, relató la víctima a Blu Radio. Las autoridades investigan si hubo filtraciones o complicidades externas.
La pareja entregó a las autoridades grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas por sus propios medios. Esperan que estas permitan identificar a los responsables.
El caso ha generado alarma en la comunidad y entre organismos de seguridad por la sofisticación del método y la posibilidad de que haya más víctimas.
Mujer colombiana muere tras cirugía estética ilegal en Nueva York
El 11 de abril de 2025, María Paz Peñaloza, una colombiana de 31 años, falleció en un hospital de Queens, Nueva York, tras someterse a un procedimiento estético realizado por Felipe Hoyos Foronda, un falso cirujano colombiano sin licencia en EE.UU.

La intervención, para retirar rellenos sintéticos de los glúteos, tuvo lugar en un quirófano improvisado en el apartamento de Hoyos, en Astoria, y carecía de condiciones sanitarias adecuadas.
Tras inyectarle lidocaína, la paciente sufrió complicaciones y fue trasladada al hospital, donde fue diagnosticada con muerte cerebral.
Hoyos intentó huir, pero fue capturado en el aeropuerto JFK. Ante la Fiscalía de Nueva York, admitió haber practicado la cirugía y reconoció no estar autorizado para ejercer.
Está acusado de homicidio involuntario, agresión y ejercicio ilegal de una profesión, y permanece detenido sin fianza.
Según las autoridades Estadounidenses, este falso medico llevaba al menos seis meses operando ilegalmente y cobraba cerca de 1.900 dólares por intervención.
La familia de la víctima exigió justicia, calificando al implicado de “asesino”. Las autoridades investigan si hay más víctimas y advierten sobre los peligros de acudir a procedimientos no regulados.
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