La presión de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sobre comunidades del sur del Cauca alcanzó niveles alarmantes, según fuentes de inteligencia militar.
“La mayoría de la gente sale por miedo, no por convicción”, declaró una fuente local a Blu Radio, aludiendo a protestas que aparentan ser espontáneas, pero que, en realidad, responden a la intimidación de los grupos armados ilegales.
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Integrantes de la compañía Fray León, parte de la estructura Carlos Patiño de las disidencias, obligan a los habitantes del cañón del Micay a participar en movilizaciones contra la fuerza pública. Quienes se niegan enfrentan sanciones de hasta 500.000 pesos o deben realizar trabajos forzados, según el mencionado medio.
Uno de los principales responsables es alias Faiber, cabecilla de una compañía de esa estructura. Este hombre habría ordenado la participación forzada en protestas y está implicado en atentados, como la activación de una motocicleta bomba en Piedra Sentada, en Patía, que dejó un soldado muerto y varios heridos.
Además, ha buscado legitimidad apareciendo en eventos públicos, como la inauguración de un puente.
La fuerza pública intensificó operativos mediante la operación Perseo, y considera la captura de ‘Faiber’ como prioridad. Entre tanto, las comunidades viven bajo amenaza, atrapadas entre la violencia armada y la presión para apoyar acciones contra el Estado.
Un hecho similar, que podría estar relacionado con estos acontecimientos, es el mencionado por inteligencia militar en diálogo con Semana. Según esa información, las disidencias movilizaron a unas 500 personas desde zonas rurales de El Tambo hacia Popayán, saliendo de la vereda Pueblo Nuevo con destino al parque Caldas, posiblemente para protestar frente al cantón militar José Hilario López.
La movilización fue bajo coacción, de acuerdo con fuentes citadas por el medio.
El Ministerio de Defensa Nacional, citado también por Semana, informó: “Se ha tenido conocimiento de una posible concentración forzada de personas en el Cañón del Micay, promovida por integrantes de la estructura armada residual ‘Carlos Patiño’”. Añadió que “esta acción tendría como propósito la ejecución de actos violentos contra miembros de la fuerza pública, incluyendo eventuales secuestros”.
El Ejército Nacional, a través de la Tercera División, se sumó a la alerta: “Reitera su compromiso con la legalidad y la paz como única vía para la transformación de los territorios”, según un comunicado.
En él se advierte que integrantes del grupo armado Carlos Patiño tendrían constreñida a la población civil para promover asonadas y manifestaciones violentas.
Un reciente incidente agravó la situación: un grupo de militares fue secuestrado en la vereda La Hacienda, región de El Plateado, según fuentes militares. El hecho ocurrió bajo presión de los grupos ilegales. Semanas atrás, policías fueron retenidos en el mismo sector, evidenciando el poder que ejercen las disidencias sobre la población, hecho que, según la información de la inteligencia militar, explicaría el presunto respaldo de la población civil a grupos guerrilleros y al margen de la ley.
La Fuerza Pública reportó que vehículos utilizados para estas movilizaciones están estacionados en Fondas, a la espera de nuevas instrucciones de los grupos armados. Esta logística, usada para desplazar personas bajo amenaza, representa un desafío operativo para las autoridades.
El fenómeno de la coacción no es nuevo, pero se ha intensificado. La imposición de sanciones y trabajos forzados vulnera derechos fundamentales.
En respuesta a esto, el Ejército Nacional ha reiterado que se seguirán haciendo operaciones como la Perseo, estrategia militar llevada a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, en el sur del Cauca, cuyo objetivo principal es recuperar el control de esta zona.
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