La reciente revelación sobre el hallazgo de fotografías de la fiscal general Luz Adriana Camargo y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el teléfono móvil de un adolescente de 14 años, actualmente investigado como presunto autor del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ha introducido un nuevo frente de preocupación en la seguridad de altos funcionarios de la capital colombiana.
El hallazgo, según las autoridades, “genera una alerta”, aunque hasta el momento no hay indicios de una amenaza directa hacia los implicados.
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De acuerdo con la información recopilada por Semana, la fiscal Luz Adriana Camargo informó desde Medellín sobre los avances en la investigación que mantienen la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en torno al atentado contra el congresista del Centro Democrático.
El teléfono, incautado al menor durante un allanamiento, se ha convertido en una pieza clave para determinar posibles responsabilidades adicionales en el atentado.
La funcionaria precisó que la presencia de imágenes suyas y del alcalde Galán en el dispositivo motivó la activación inmediata de protocolos adicionales de investigación.
Camargo explicó: “Independientemente de las labores que estamos realizando a nivel de informática forense, en principio nosotros tenemos que agotar todas las posibilidades, incluyendo que esta es una información muy grave”. Sin embargo, enfatizó que ni ella ni Galán registran amenazas en su contra y subrayó: “Ninguno de los dos tenemos amenazas”.
Las autoridades encontraron el teléfono en poder del menor en el momento en que fue detenido posteriormente al ataque, lo que permitió iniciar acciones periciales en busca de pistas sobre posibles autores intelectuales del crimen.
Según los entes investigadores, el adolescente no portaba este teléfono durante la comisión del atentado; una revisión de las cámaras de seguridad del barrio demostró que utilizó otro aparato el día del crimen, pero el celular incautado podría contener información “esencial” para develar la red de responsabilidades detrás del atentado.
Sobre los motivos por los cuales dichas fotografías estaban almacenadas en el dispositivo, la fiscal explicó la versión brindada por el propio menor: “Muy consecuente con lo que nos ha dicho el informe de los peritos informáticos, el menor no recuerda esas imágenes”.
Camargo añadió que la investigación forense sugiere que estas fotografías “no fueron descargadas por él, son imágenes que quedan almacenadas en el navegador y en la memoria caché, por lo que no son imágenes que él haya descargado”.
El caso se torna más complejo por el hecho de que el proceso penal seguido contra el adolescente se rige bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, lo que impone un tratamiento diferente en comparación con los delitos cometidos por adultos.
Camargo insistió en la necesidad de no anticipar detalles sobre las declaraciones del menor, subrayando: “Es importante entender que el proceso que se adelanta en contra de este menor es distinto, por eso es un proceso que tiene otra dinámica”.
La situación de Miguel Uribe Turbay permanece crítica. El senador lucha por su vida después de haber sido sometido a una nueva cirugía en la Clínica Santa Fe, tras el atentado.
Dada la gravedad del ataque y la violencia que representa, las autoridades han incrementado la presión para localizar a Elder José Arteaga, conocido con los alias El Costeño o “Chipi”, considerado como el presunto autor intelectual y ejecutor material del atentado, así como la persona responsable de contratar al menor involucrado.
El análisis de los dispositivos electrónicos decomisados busca reconstruir la cadena de mando y las órdenes impartidas para realizar el atentado. Camargo apuntó a la necesidad de “agotar todas las posibilidades”, no solo tecnológicas, sino también investigativas, que permitan establecer el círculo de personas que participaron en la planeación y ejecución de este acto violento.
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