La Secretaría Distrital de Gobierno respondió públicamente a la investigación iniciada por la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presunto incumplimiento de sus funciones al no nombrar en propiedad a la alcaldesa local de Usme, luego de que la Junta Administradora Local remitiera la terna desde el 1 de noviembre de 2024.
En un comunicado, la Administración local destacó que, desde la expedición de la Circular 002 en febrero de 2024, el proceso de designación se ha manejado con “rigor y responsabilidad”, respetando plazos, requisitos y decisiones judiciales.
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Según la alcaldía, el primer concurso no arrojó resultados contundentes debido a que ninguno de los aspirantes superó el puntaje mínimo requerido en el examen de conocimiento, lo que obligó a lanzar una segunda convocatoria mediante la Circular 017 de 2024.
A partir del 1 de noviembre de 2024, la Junta Administradora Local (JAL) radicó ante la Secretaría de Gobierno la terna seleccionada. El 23 de diciembre, se llevaron a cabo las entrevistas correspondientes, pero a finales de febrero la secretaría solicitó aclaraciones sobre documentos presentados y observaciones ciudadanas, especialmente en torno al requisito de arraigo, cuestión que debió verificarse con mayor profundidad según la administración.
Frente al señalamiento de que, para abril de 2025, el cargo continuaba en manos de un funcionario en calidad de encargado —a pesar del anuncio público del 19 de abril sobre Leidy Marcela Pinilla Pinilla y la publicación de su hoja de vida el 29 de ese mes—, la alcaldía reiteró que se actuó con transparencia y apego a la ley.
Las autoridades destacaron que durante el periodo de observación ciudadana se recibieron denuncias que motivaron “verificaciones adicionales” para garantizar lealtad al mérito, transparencia e imparcialidad, principios establecidos en el Decreto 159 de 2021. La administración asegura que todas las actuaciones se hicieron conforme al marco jurídico vigente.
El comunicado recalcó que el objetivo principal ha sido dotar a Usme de una autoridad local “legítima, idónea y comprometida”. Además, los organismos encargados explicaron que se agotaron todas las etapas del proceso administrativo, que se efectuaron verificaciones adicionales y que se atendieron requerimientos a la JAL sobre el envío de documentación y terna.
La Secretaría de Gobierno reafirmó su compromiso con los principios de legalidad, transparencia, moralidad administrativa, y participación ciudadana, reiterando que la curva procedimental del nombramiento respondió a criterios de objetividad e imparcialidad.
La administración también recordó que la Procuraduría ya requirió información precisa y fundamentada: si Pinilla ya había sido posesionada, razones del retraso, medidas adoptadas por la Secretaría, si la JAL fue requerida formalmente y los cargos responsables del trámite. La rama ejecutiva destacó que esas respuestas se entregarán con prontitud y claridad, y asumió el mayor interés de culminar el proceso “a la mayor brevedad posible”, siempre respetando la ley y los intereses comunitarios.
Mientras la indagación avanza en manos de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que ya ordenó la práctica de pruebas para determinar si existió omisión injustificada o si hubo causas legales que la justifiquen, la Alcaldía confía en que el debido proceso certificará que no hubo irregularidades. La investigación, que no implica sanción inmediata, pero sí abre paso a una eventual responsabilidad disciplinaria, busca esclarecer si las demoras obedecieron a vicios en el proceso o a requisitos legítimos que impidieron la posesión temprana.
En Usme, una de las zonas con mayor intervención social y urbanística en Bogotá, la demora ha generado inquietud en la comunidad y en el Concejo Distrital, que incluso ha cuestionado no solo los tiempos, sino también la idoneidad de los perfiles presentados, como en la polémica por el arraigo de Pinilla.
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