La decisión de la Corte Constitucional de devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes abrió una nueva pausa en el trámite legislativo. Sin embargo, más allá del pulso político que acapara titulares, hay un impacto técnico que comienza a generar inquietud en los círculos académicos y financieros, el efecto del nuevo modelo sobre el ahorro privado y la estabilidad del mercado de capitales.
La reforma, tal como fue aprobada en 2024, propone que Colpensiones administre todos los aportes pensionales hasta 2,3 salarios mínimos. Esto implicaría un repliegue significativo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que actualmente gestionan el 74% del sistema; es decir, unos $424 billones, según cifras de Asofondos. El desplazamiento de estos recursos no solo cambia el funcionamiento del sistema pensional, también altera un engranaje clave del modelo económico colombiano.
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Un análisis de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advirtió sobre este punto con preocupación. Julio Enrique Duarte, decano de su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, fue enfático: “Reducir la participación de las AFP en el sistema implicaría no solo una reestructuración operativa, sino una contracción sustancial de la inversión institucional en títulos públicos y privados, lo que impactaría la liquidez del mercado”.
A esta advertencia se suma la mirada de la calificadora Moody’s, que en sus últimos reportes planteó un escenario de deterioro en la calificación crediticia del país si se reduce la presencia de fondos privados. Las AFP, que históricamente han sostenido buena parte de la demanda de deuda pública, funcionaron como un amortiguador financiero para el Estado. Sin ellas, Colombia tendría que endeudarse más —y más caro— o recurrir a otras vías de financiamiento, incluso menos sostenibles.
“Si cae la demanda de títulos, el Estado tendrá que ofrecer mayores rendimientos, elevando el costo de su deuda. Esto puede traducirse en menos espacio fiscal y, eventualmente, en presiones inflacionarias”, explicó Duarte. Pero los riesgos no terminan ahí. A la posible descapitalización del sistema se suma una tendencia demográfica que no juega a favor. Según el Dane, en 2024 se registraron 445.000 nacimientos, la cifra más baja desde 1998 y un 13,7% menos que en 2023. Esto anticipa un sistema con más pensionados y menos cotizantes, una ecuación que podría agravar el déficit en el largo plazo.
“Estamos ante una bomba de tiempo financiera si no se diseñan mecanismos de transición ordenados. El ahorro privado no es solo una cuenta individual, es parte estructural de la economía”, advirtió el decano de la USB. En medio de este panorama, expertos llaman a la ciudadanía a asumir un rol activo frente al rediseño del sistema pensional. Para los más de 19 millones de afiliados al régimen privado, el momento de tomar decisiones es ahora. No se trata solo de esperar lo que decida el Congreso, sino de prepararse.
Desde la Universidad de San Buenaventura se sugieren tres acciones prácticas para los trabajadores que deseen proteger su ahorro:
- Revisar el portafolio de ahorro voluntario: para quienes ganan más de 2,3 salarios mínimos, los fondos voluntarios (Accai) pueden ser una alternativa clave para mantener el control sobre su capital.
- Monitorear la rentabilidad neta real de los fondos: evaluar el rendimiento frente a la inflación ayuda a proteger el poder adquisitivo del ahorro.
- Consultar asesores certificados: en un contexto de cambios, contar con orientación profesional puede marcar la diferencia entre una pensión digna y una insuficiente.
“No hay que esperar a que el Congreso defina el rumbo de la reforma. Desde ya, los ciudadanos pueden fortalecer su ahorro individual, diversificar riesgos y entender cómo funciona el nuevo esquema. La información es la mejor herramienta de protección”, agregó Duarte.
El experto también recomienda seguir de cerca variables como las tasas de interés, la inflación y el comportamiento del dólar, ya que estos indicadores marcarán la evolución del mercado financiero una vez arranque la migración de aportes hacia Colpensiones.
En definitiva, el debate pensional en Colombia ya no solo se juega en los recintos legislativos. Se trata de una discusión estructural que toca el corazón del modelo económico y pone en tensión la sostenibilidad del sistema de ahorro. La ciudadanía, más que nunca, necesita estar informada, tomar decisiones a tiempo y exigir transparencia. Lo que está en juego no es únicamente una ley, es el presente y futuro del ahorro de millones de colombianos.
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