El viernes 20 de junio de 2025, Indepaz reportó la masacre número 32 del año tras el asesinato de cuatro personas que se desplazaban en una embarcación sobre el río Naya, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.
Las víctimas, cuya identidad permanece desconocida, fueron interceptadas y asesinadas según la información confirmada por Indepaz.
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La Defensoría del Pueblo alertó sobre la alta presencia de grupos armados ilegales que operan en la región. En la alerta AT 039/23 señaló cinco zonas de riesgo en Buenaventura, con la explicación de que “la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.
Entre los actores armados presentes en esta zona figuran el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del EMC, el ELN, el Clan del Golfo, Los Shotas, Los Espartanos y diversas bandas locales. Las autoridades militares mantienen la zona bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército.
Defensoría del Pueblo alerta sobre aumento de violencia y asesinatos en Colombia en 2025
Nada más durante los primeros cuatro meses de 2025, Colombia enfrentó un preocupante repunte de la violencia, según un informe de la Defensoría del Pueblo difundido el 20 de mayo.
Las cifras evidencian un incremento en asesinatos de firmantes de paz, masacres y homicidios de líderes sociales en varias regiones del país, en especial en Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
El informe, que incorporó datos del observatorio de Indepaz, confirmó 20 asesinatos de firmantes de paz en todo el país; la mayor concentración ocurrió en Norte de Santander con seis casos, Antioquia con cinco, y Huila con tres. Arauca, Meta, Cauca, Vichada y Casanare también reportaron víctimas.
En cuanto a las masacres, el balance señala 22 hechos violentos entre el 1 de enero y el 30 de abril, con un total de 67 víctimas fatales. Norte de Santander y Valle del Cauca lideraron la estadística con cinco masacres cada uno, seguidos por Antioquia con cuatro, Santander y Cauca con dos, y Bogotá, La Guajira y Meta con un caso cada uno.
El panorama se agrava con el asesinato de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. El informe registró 69 víctimas en el mismo periodo, con una alta incidencia en Cauca (13 casos), Antioquia (10), Norte de Santander (6) y Bolívar (5). Desde enero de 2016 hasta abril de 2025, la Defensoría contabilizó un total de 1.557 asesinatos de líderes sociales en Colombia.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que cese esta escalada de violencia en el país, al tiempo que exige medidas inmediatas para la protección de las comunidades en riesgo, garantizando la vida, la paz y los derechos humanos en todos los territorios nacionales,” señaló la entidad en su comunicado.
El informe también mostró una reducción progresiva en el número mensual de homicidios contra líderes sociales durante 2025, aunque estadísticamente el acumulado evidencia la persistencia de la problemática.
Violencia armada en Colombia aumentó un 45% pese a la política de paz total, indica informe de ONG
El informe La paz, ¿cómo vamos?, elaborado por las fundaciones Pares y Vivamos Humanos y divulgado el 19 de junio de 2025, reportó que los hechos violentos ligados al conflicto armado subieron un 45% durante el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2024.
El estudio atribuyó el alza al accionar de grupos armados ilegales, a pesar de los nueve procesos de paz en curso entre el Gobierno y diversas organizaciones.
La investigación señaló que hasta mayo se contabilizaron 603 incidentes violentos y que Colombia podría cerrar 2025 con más de 1.200 hechos de este tipo.
Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos de Vivamos Humanos, afirmó: “Vamos a cerrar el año 2025 con más de 1.200 eventos violentos, lo podemos confirmar desde ya”.
Según el informe, solo el proceso de paz en Medellín recibió una evaluación positiva, mientras el Estado Mayor de Bloques y Frentes acumuló 783 acciones violentas, lo que pone en evidencia la fragilidad de varios compromisos alcanzados.
Las acciones violentas incluyeron homicidios, desplazamientos, confinamientos, desapariciones y violencia sexual, con impactos graves sobre la población civil.
Durante el evento de socialización del informe, el expresidente Ernesto Samper advirtió sobre la realidad del conflicto al señalar: “Cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno”, y reiteró la importancia de avanzar hacia una “territorialización de la paz” basada en mínimos humanitarios y protección a las comunidades.
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