Durante la posesión de Juan Carlos Espeleta Sánchez como nuevo magistrado de la Sala de Casación Laboral, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, advirtió sobre los riesgos institucionales que implica desconocer los fallos judiciales.
En su intervención, el magistrado del alto tribunal señaló que es necesario el respeto a la separación de poderes entre las ramas del poder público.
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Su pronunciamiento se debió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, a raíz de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que convocó a una consulta popular a los colombianos.
“En tiempos en los que la separación de poderes se pone a prueba, es importante recordar que la colaboración armónica significa respeto mutuo, madurez institucional y compromiso con la democracia en momentos en que Colombia necesita más que nunca instituciones fortalecidas este acto refuerza la legitimidad de nuestras funciones”, manifestó el magistrado Tejeiro.
Así mismo, el togado explicó que la posesión del nuevo magistrado “honra el principio de autonomía e independencia judicial y envía un mensaje de confianza a la ciudadanía: que sus jueces actúan solo bajo el imperio de la Constitución y de la ley”.
Finalmente, enfatizó en que “hay democracia si los jueces actúan con autonomía y no sometidos a fuerzas externas, a presiones o a intereses pasajeros. La independencia judicial no es un privilegio, es una condición esencial para que el derecho se aplique con imparcialidad”.
Suspensión del ‘decretazo’ de la consulta popular
En la tarde del 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado aceptó la demanda contra el decreto 0639 de 2025, en la que el Gobierno colombiano convoca a una consulta popular.
Entre los argumentos expuestos por el alto tribunal, se ordena la suspensión temporal de la medida, al considerar la falta del concepto previo favorable del Senado de la República, tal y como se dispone en el artículo 104 de la Constitución Política.
“Al menos en esta etapa inicial (el estudio de la demanda), se encuentra que fue expedido con desconocimiento de las normas que regulan el proceso”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
La demanda fue radicada por 12 senadores, entre ellos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que expresaron que la normativa emitida por el Ejecutivo había vulnerado lo dispuesto por la Carta Magna.
“Al menos en esta instancia, se hace evidente la infracción normativa a la cual se alude en la petición cautelar, pues, se insiste, se omitió el concepto favorable del Senado de la República que se requiere para dictar, en debida forma, el decreto que se pide suspender“, se lee en el auto.
La decisión del alto tribunal generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana. Algunos reconocieron la determinación del Consejo de Estado, mientras que otros respetan la decisión, pero que no es compartida.
Por un lado, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) aseguró que esta decisión reafirma el compromiso para respetar la separación de poderes en el país.
“El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente de la República", mencionó el congresista de oposición a los medios de comunicación.
Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro salió en su cuenta de X, en la que enfatizó en que no se ha determinado que dicho decreto sea inválido.
“Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica”, expresó el primer mandatario.
Por su parte, Ariel Ávila, de la Alianza Verde, explicó a Caracol Radio que la decisión del Consejo de Estado era de esperarse.
“Era crónica de una muerte anunciada, se sabía que esto lo iban a decidir los jueces, que seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión y eso podría llegar a la Corte Constitucional. Sin embargo, esto puede quedar zanjado, porque si los conciliadores llegan a un acuerdo frente a la reforma laboral, habrá una reforma muy buena y el presidente tendrá que cumplir su palabra de retirar el decreto”, explicó el senador.
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