En rueda de prensa, el registrador nacional, Hernán Penagos, instó al Consejo de Estado a que sea el tribunal que emita un concepto sobre el decreto 0639, que convoca a los colombianos a una consulta popular, promovida por el presidente Gustavo Petro.
Al respecto, el recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que Penagos “se colocó en rebeldía” y lo acusó de tener una “agenda política”.
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“El registrador tiene una agenda política. El registrador no está actuando jurídicamente. Él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente”, aseveró el jefe de la cartera de Justicia.
El también exfiscal General afirmó que Penagos “forma parte de la oposición”, razón por la cual precisó que el Ministerio de Justicia está evaluando una denuncia en contra del registrador Penagos por presunto prevaricato.
“Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y él, como registrador, no puede formar parte de la oposición de Colombia. Y él copió esa agenda y está cruzando, ya está en arenas movedizas. E inclusive el Ministerio de Justicia evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato”, afirmó Montealegre.
Según Montealegre, la razón se debe a que no está cumpliendo una orden presidencial, motivo por el cual insistió que es un presunto acto de prevaricato por parte de Hernán Penagos.
“Se abstiene de cumplir la orden presidencial. Y eso es nada más ni nada menos que un delito de prevaricato y además una usurpación de una función pública. Porque es que el control del decreto no lo hace él, lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior. Evaluamos seriamente la posibilidad de denunciarlo por prevaricato", puntualizó el también expresidente de la Corte Constitucional.
Reforma laboral y consulta popular
El recién nombrado ministro de Justicia también se refirió a la conciliación de la reforma laboral entre la Cámara de Representantes y el Senado, que en caso de llegar a una “reforma laboral progresista” el presidente revocará el decreto que convoca la consulta popular.
“Lo importante ahora es que sigue un trámite de conciliación entre las comisiones de Cámara y Senado. Si las comisiones y la comisión de conciliación llega a un acuerdo sobre una reforma laboral progresista que le sirva a los trabajadores de Colombia, que luche contra la inequidad, contra la injusticia, que restablezca en muchos campos de la vida pública del país la dignidad del trabajador colombiano. Y el Senado y la Cámara aprueban esa conciliación, pues el presidente de la República pensará muy seriamente en revocar el decreto que que convoca a la consulta popular”.
Según Montealegre, el Congreso de la República, “especialmente el Senado”, es el recinto que ahora debe tomar una decisión, motivo por el cual le envió un mensaje al presidente del Senado, Efraín Cepeda.
“El balón está en la cancha del Congreso de la República, especialmente en el Senado, y esperamos que el senador Cepeda sea razonable y se someta a la voluntad del mismo Congreso y permita el salto social que requiere Colombia. Si eso sucede, el presidente Gustavo Petro revisará muy seriamente la posibilidad de no convocar a la consulta si la reforma laboral aprobada incorpora ya el espíritu de lo que va a ser la consulta el 7 de agosto”, aseveró el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaima Raúl Salamanca, ya confirmó a los dos congresistas que conciliarán la reforma laboral, se trata de la presentante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, y el presentante de la Alianza Verde Juan Camilo Londoño.
Los dos representantes fueron los coordinadores ponentes de la iniciativa que se discutió en el recinto antes de que la Comisión Séptima archivara el proyecto.
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