
En medio de las tensiones fiscales que atraviesa el país, el Ministerio de Hacienda abrió oficialmente la puerta a una nueva reforma tributaria. Aunque todavía no hay un proyecto formal sobre la mesa, ya se conocen las líneas generales de lo que podría convertirse en uno de los debates económicos más importantes de 2025.
Uno de los temas que más expectativa genera es el IVA. No solo porque representa uno de los pilares del recaudo nacional, sino porque, según datos oficiales, cerca del 65% del llamado “gasto tributario”, es decir, lo que el Estado deja de recibir por beneficios fiscales, está asociado a este impuesto. La cifra ronda los 89 billones de pesos, de un total estimado en 135 billones.
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Así lo explicó el viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt: “Tras la activación de la cláusula de escape por tres años y a partir de la vigencia actual (2025), se debe reducir el gasto tarifario, que hoy está en el orden de $135 billones, 8,5 puntos porcentuales del PIB. De ellos, 65% está asociada al IVA ($89 billones)”.
En otras palabras, buena parte de los esfuerzos del Gobierno para sanear las cuentas públicas se centrarán en revisar las exenciones y tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado. Algunos productos y servicios hoy gozan de tarifas especiales, como el 5% para ciertos alimentos y medicamentos, o incluso están exentos, como sucede con la educación y las exportaciones. La idea sería revisar esta estructura de manera diferenciada, sin afectar el consumo de los hogares más vulnerables.
Pero el tema desató controversia esta semana, luego de que en redes sociales se afirmara que el IVA subiría del 19% al 26%. La información se viralizó rápidamente y fue replicada incluso por economistas y analistas. Ante la confusión, el Ministerio de Hacienda tuvo que salir al paso.

“El Gobierno no ha anunciado subir el IVA a 26%. Esa fue una información incorrecta publicada por un medio de comunicación y ya fue corregida. La reforma tributaria no busca ‘apretar el cinturón’, sino abrir el debate sobre cómo usamos los recursos y a quiénes benefician”, aclaró la cartera económica.
Desde Hacienda insisten en que el objetivo de la reforma no es simplemente recaudar más, sino repensar los beneficios tributarios vigentes. Es decir, quiénes están recibiendo alivios fiscales, por qué y con qué impacto. Esta discusión, dicen, no debe encasillarse como una medida de ajuste fiscal tradicional.
Además del IVA, el ministro Germán Ávila adelantó que también se contempla revisar impuestos como el de carbono, el de los juegos de azar en línea y se evalúan nuevos gravámenes para sectores como el carbón y el petróleo, a través de un impuesto especial. Incluso se mencionó la posibilidad de aplicar tributos a las iglesias, una idea que seguramente no pasará desapercibida en el Congreso.

Por ahora, el panorama es claro en una cosa, el país necesita una reforma estructural en su sistema tributario, y el Gobierno parece dispuesto a dar ese paso, aunque sin apresurarse ni improvisar frente a las múltiples presiones políticas y económicas. La clave estará en el debate público y en qué tanto logre el Ejecutivo blindarse de las fake news que, como en este caso, pueden desviar la atención de lo realmente importante.
En medio de una economía que busca estabilizarse tras los efectos de la pandemia y los vaivenes internacionales, las decisiones sobre impuestos serán decisivas para el equilibrio fiscal y la equidad social. Y aunque el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo ya dejó ver parte de la ruta, la discusión apenas comienza.
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