Captura de alias el Gordo, en Bolívar, puso en evidencia que cobraba extorsiones para no revelar infidelidades de un funcionario judicial

La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que, entre el 29 de abril y el 27 de mayo, un funcionario judicial fue objeto de intimidaciones por parte de un hombre en el municipio de Turbaco.

El dinero que pedía a cambio lo quería para no divulgar información privada sobre supuestas infidelidades.

El hoy detenido, identificado como Diego Enrique Linero de la Hoz, y más conocido como alias el Gordo, solicitó 9 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.300) para no hacer públicos detalles íntimos de la vida de la víctima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho pedido le valió que se abriera un proceso judicial por el delito de extorsión, destacó impactonews.co.

El arresto de Linero de la Hoz se realizó en el barrio Chino del municipio situado en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con lo informado por parte del vocero de la Policía Nacional la detención se llevó a cabo tras la denuncia presentada por el funcionario afectado, que alertó a las autoridades sobre las amenazas y la exigencia del dinero.

Durante las audiencias de concentración, la Fiscalía presentó los elementos probatorios que sustentan la acusación de extorsión.

El juez encargado del caso aceptó la solicitud de medida de aseguramiento y dictó detención domiciliaria para el procesado. Dicha decisión judicial se basó en la gravedad de los hechos y en la necesidad de proteger a la víctima de nuevas intimidaciones.

El ente acusador explicó que su accionar constituyó una conducta tipificada como extorsión en la legislación colombiana.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, fue presionada durante casi un mes, periodo en el que el procesado insistió en la entrega del dinero para evitar la exposición pública de una supuesta relación extramatrimonial.

La Fiscalía General de la Nación resaltó que la denuncia oportuna permitió la intervención de las autoridades y la judicialización del presunto extorsionista.

Por último, se precisó que la investigación continúa para determinar si existen otros posibles afectados por acciones similares en la región.

Asimismo, la Policía Nacional reiteró la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión y recordó que este tipo de delitos afectan tanto la integridad personal como la reputación de las víctimas se pueden denunciar a través de la línea 165 de Gaula.

Pese a que durante el proceso judicial Jimmy Arango Morales intentó anular la condena en su contra alegando que su confesión había sido forzada y que, al momento de aceptar los cargos, se encontraba bajo los efectos de un medicamento que afectó su comprensión, esto no le sirvió de nada al hombre para impedir que ratificara una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal rechazó estos argumentos y confirmó que no existieron irregularidades en el proceso y que la condena por extorsión debía mantenerse.

La historia se remonta a 2009, cuando Arango Morales comenzó a exigir dinero a su expareja, una mujer que trabajaba en una entidad bancaria en Bogotá. El hombre la amenazaba con divulgar videos íntimos si no le entregaba treinta millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 7.500).

El acoso se extendió durante cinco años, en los que la víctima vivió bajo constante presión y temor a perder su empleo o ver afectada su vida personal.

Con el paso del tiempo, la suma exigida se redujo a diez millones de pesos, pero las amenazas se intensificaron, llegando incluso a involucrar a la nueva pareja de la mujer, quien también fue presionado para entregar dinero, señaló El Tiempo.

La situación llevó a la víctima a buscar ayuda en el Gaula, la unidad especializada en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Como respuesta las autoridades diseñaron un operativo para capturar a Arango Morales en flagrancia.

La mujer, siguiendo las indicaciones del Gaula, pactó un encuentro con su extorsionador el 25 de noviembre de 2014, a las afueras del centro comercial Iserra 100, en el norte de Bogotá. Durante la reunión, la víctima entregó un paquete con el dinero exigido, momento en el que los agentes intervinieron y detuvieron a Arango Morales frente a un cajero automático.

Al día siguiente, el detenido fue presentado ante el Juzgado 51 de Control de Garantías, donde la Fiscalía le imputó el delito de extorsión y solicitó su privación de la libertad. Posteriormente, el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá lo condenó a seis años de prisión y le impuso una multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia en segunda instancia el 9 de septiembre de 2020, según detalló. Durante el proceso de apelación, Arango Morales argumentó ante la Corte Suprema de Justicia que su aceptación de los cargos había sido producto de coacción y que sus derechos fundamentales se vieron vulnerados.

También alegó que al momento de la imputación se encontraba bajo los efectos del medicamento “tramadol”, y según él, afectó su capacidad de comprender plenamente la situación.

No obstante, la Corte desestimó estos argumentos, señalando que en la audiencia el acusado manifestó de manera voluntaria su responsabilidad. “Sí, mi señoría. Estoy consciente de mis actos y le reitero que si pudiera pedir disculpas a la persona en cuestión, a mi expareja, lo haría. Quiero resarcir el daño que ocasioné”, declaró Arango Morales en ese momento.

La Sala de Casación Penal, bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, concluyó que el proceso judicial cumplió con todas las garantías legales y que las pruebas presentadas, entre ellas testimonios y grabaciones de las amenazas, respaldaron la condena.

“Las pruebas recaudadas en el proceso, incluyendo grabaciones y testimonios, son suficientes para confirmar la responsabilidad del acusado”, sostuvo la Corte.