Ocho partidos políticos de oposición e independientes interpusieron este jueves 12 de junio una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad por inconstitucionalidad el decreto que convoca a la consulta popular en Colombia, firmado por el presidente Gustavo Petro.
El documento, que también contó con la firma de varios ministros del gabinete de Gustavo Petro, es cuestionado por los partidos por sus presuntas irregularidades en su expedición.
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“Ocho partidos políticos presentaron hoy una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad por inconstitucionalidad del decreto presidencial que convoca a una consulta popular, firmado por el presidente Gustavo Petro y los 18 ministros de su gabinete”, se lee en el comunicado de los ocho colectividades, que, el 9 de junio de 2025, precisaron que no reconocen al presidente Gustavo como garante electoral.
Las colectividades Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal argumentan que la medida representa una “grave ruptura del Estado de Derecho”.
“Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal, actuando en defensa del orden constitucional, alertaron sobre la vulneración que consideran del uso del decreto presidencial”, precisaron las colectividades.
Según los partidos, el decreto fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado, requisito establecido en el artículo 104 de la Constitución y en las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
“En la demanda, los partidos exponen que la consulta viola el Estado de derecho en varios aspectos, principalmente la soberanía del Congreso de la República y el principio de separación de poderes, pues el presidente estaría asumiendo competencias que corresponden al Congreso, sobre todo en materia de aprobación y convocatoria de mecanismos de participación ciudadana”, indicaron en el pronunciamiento.
Los demandantes solicitan al Consejo de Estado la adopción urgente de una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto, con el fin de evitar gastos presupuestales irrecuperables y prevenir alteraciones en el orden constitucional.
“En la acción interpuesta, los firmantes solicitaron al Consejo de Estado la adopción de una medida cautelar de suspensión del decreto, para evitar la realización de la consulta mientras se resuelve el fondo del asunto. Argumentaron que permitir la consulta bajo el actual decreto representaría un precedente negativo para la democracia y abriría la puerta a posibles abusos del poder ejecutivo“, precisa el comunicado.
De acuerdo con los partidos, el proyecto de consulta fue sometido a votación en el Senado el pasado 14 de mayo, pero no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. A pesar de este resultado, el Ejecutivo expidió el decreto, lo que, según los demandantes, constituye una extralimitación de funciones y una violación al ordenamiento jurídico vigente.
Las colectividades consideran que la expedición del decreto vulnera principios fundamentales del sistema democrático colombiano, como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular. Advierten que la intención del Gobierno de avanzar con la consulta sin cumplir los procedimientos constitucionales representa una deriva autoritaria que pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
"Los partidos consideran que este decreto vulnera principios esenciales del sistema democrático colombiano, como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular. Para los denunciantes, la intención del Gobierno de imponer una consulta al margen del procedimiento constitucional refleja una peligrosa deriva autoritaria que amenaza la estabilidad institucional del país", indicaron.
Finalmente, los partidos firmantes reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Además, anunciaron que presentarán denuncias adicionales ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación.
“Las colectividades firmantes reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, y anunciaron que también interpondrán denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación“, puntualizaron los ocho partidos de oposición e independientes.
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