
En la mañana del miércoles 11 de junio, se conoció que la Policía Nacional de Colombia suscribió un acuerdo por 2.673 millones de pesos para la compra de 220 litros de glifosato, destinados a la aspersión terrestre de cultivos de uso ilícito, pese a que era uno de los puntos claves de su campaña a la Presidencia en 2022.
Según reveló el concejal del partido Alianza Verde, Julián Sastoque, el documento firmado bajo la resolución 0522 del 28 de mayo de 2025 establece que la empresa Del Monte Agrosciences SAS deberá entregar el herbicida en varios departamentos del país, incluyendo Cesar, Cauca, Caquetá, Tolima, Boyacá, Guaviare, Putumayo, Meta, Casanare, Antioquia, Santander, Vichada, Nariño, Chocó y Norte de Santander.
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De acuerdo con el cabildante bogotano, la adquisición se realizó a través de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, y la empresa beneficiaria, Del Monte Agrosciences SAS, está representada por Iván Ramírez García Peralta.
“¡Se confirma lo que Gustavo Petro negó! El Ministerio de Defensa firmó contrato por $2.600 millones para comprar glifosato. Hace dos meses, el presidente negó su uso. Hoy revelamos los documentos que demuestran que mintió”, escribió el concejal en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

En el acuerdo público se establece que el contratista presentó la certificación del Registro Único de Infractores Ambiental (Ruia), donde consta que no tiene sanciones ambientales vigentes.
“El contratista, debe entregar la etiqueta, hoja de seguridad o ficha de datos de seguridad, donde se evidencie que el producto ofertado tiene aprobación para ser usado en el control de coca (Erythroxylum coca) con una dosis mínima de 10 litros por hectárea”, se lee en el documento revelado por el concejal Sastoque.

Incluso, el cabildante capitalino recordó que el presidente Gustavo Petro había desmentido el regreso de este químico para la sustitución de cultivos ilícitos bajo su administración.
“El contrato con Del Monte Agrosciences SAS y la resolución 0522 del 28 de mayo oficializan lo que Gustavo Petro negó: la reactivación de la aspersión terrestre con glifosato. Así mintió descaradamente desde su cuenta de X cuando revelé que volvían al uso del químico”, sostuvo.

Por último, el concejal Julián Sastoque advirtió que el retorno del glifosato significa el fracaso de la política de paz total, debido al incremento de cultivos ilicitos en el territorio nacional.
“Será que ahora el presidente aceptará que el fracaso de su política improvisada de “paz total” y la gabela a grupos criminales tienen inundado al país de cultivos ilícitos y va a hacer lo que hicieron todos sus antecesores: recurrir al glifosato. Otro “cambio” que no fue”, concluyó.
El proceso contractual se inscribe dentro de las acciones que adelanta el Estado colombiano para mantener la certificación antidrogas de Estados Unidos, una decisión que se espera para septiembre de 2025.

Que dice el contrato de la Policía
Según información revelada por El Tiempo, el uso de glifosato se implementará a través de cinco contratos que detallan cómo se llevará a cabo esta nueva fase de erradicación.
Del mismo modo, los contratos están enfocados en garantizar la logística, el suministro de insumos y la capacitación del personal encargado de las aspersiones. Estos acuerdos incluyen la adquisición de equipos especializados y la contratación de operadores capacitados para realizar las labores en terreno. Además, se contempla la supervisión estricta de las operaciones para cumplir con los estándares legales y ambientales establecidos.

Según datos revelados por la Policía Antinarcóticos, en 2024 solo fueron erradicados 9.403 hectáreas, lo que significó una reducción considerable, teniendo en cuenta que, para el año 2021 (durante el gobierno de Iván Duque) fueron erradicados 60.044 hectáreas respectivamente.
Por el momento, el Gobierno de Gustavo no se ha pronunciado sobre el controversial contrato.
En abril de 2024,el Ministerio de Justicia había solicitado la suspensión del decreto 380 de 2021, emitido durante el gobierno de Iván Duque, que autoriza el uso de glifosato en fumigaciones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos, al considerarla como incompatible por la política antidrogas impulsada por el Gobierno Petro.
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