Ley Miguel Uribe: proponen castigar penalmente el odio político en redes sociales

El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá, ha desatado una ola de rechazo nacional e internacional frente al discurso de odio y al uso irresponsable de las redes sociales en la política colombiana.

Como respuesta, desde el Congreso de la República se han comenzado a promover iniciativas legislativas orientadas a regular y sancionar estas prácticas. Una de ellas es la propuesta de la vicepresidenta segunda de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, que ha planteado la creación de la denominada Ley Miguel Uribe.

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El precandidato permanece internado en la Clínica Santa Fe de Bogotá, luchando por su vida, luego de ser víctima del ataque perpetrado por un menor de 15 años, quien fue capturado el mismo día del suceso, y posteriormente fue imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

El hecho no solo ha generado conmoción, sino que ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los actores políticos, influenciadores y ciudadanos en el uso de sus plataformas digitales. Para la representante promotora de la iniciativa, es urgente una legislación que ponga límites claros al uso de redes sociales como herramienta para promover el odio y la violencia.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”: Garrido

Durante una intervención ante el Congreso, la vicepresidenta segunda de la Cámara fue enfática al señalar la conexión entre el discurso violento en redes y hechos como el ocurrido contra el senador Uribe: “Les propongo que trabajemos en esta ley de responsabilidad, que busquen multas ejemplarizantes, prohibición de manejar redes sociales durante el tiempo que dure la sanción, penas de cárcel reales, inhabilidad para contratar con el Estado para quien sea condenado por estos delitos, porque no puede pasar que el mérito para que un influencer que todos los días insulta y promueve el odio en redes, sea para que lo contraten con el Estado como han hecho con muchos que hoy ganan millonarios contratos promoviendo el odio”.

La congresista advirtió sobre el impacto de los discursos emitidos desde curules, cargos públicos o cuentas con miles de seguidores: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y quien tiene una curul, un nombramiento o una cuenta con miles de seguidores debe saber que su voz puede ser letal. Lo que pasó con Miguel Uribe no fue casualidad, es la consecuencia directa de una red social convertida en un campo de batalla, sin reglas, sin límites y sin castigo”.

En ese sentido, la propuesta plantea sanciones como inhabilidades contractuales, restricciones para manejar redes sociales y penas privativas de la libertad, aplicables a quienes, desde el ejercicio político o la influencia mediática, usen sus plataformas para promover el odio. “Es hora de ponerle freno a la violencia disfrazada de opinión, la democracia se define con verdad, con respeto y con responsabilidad. Fuerza Miguel, fuerza Colombia y como él lo dice y lo seguirá diciendo, Colombia tiene futuro”, concluyó la representante.

Otra propuesta: reducir la edad penal

En paralelo, la representante liberal Piedad Correal anunció que radicará el próximo 20 de julio un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia, para que los adolescentes entre 14 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos “especialmente graves”, tales como homicidio, terrorismo, secuestro o abuso sexual.

Esta propuesta surge como respuesta directa a la participación de un menor en el atentado contra Miguel Uribe. En un acto de solidaridad con el senador herido, Correal hizo un llamado a actuar frente al fenómeno de instrumentalización de menores por parte de organizaciones criminales: “Es urgente poner fin a los homicidios y actos terroristas cometidos por menores. La legislación vigente ha permitido que grupos criminales utilicen a adolescentes, quienes actúan con la seguridad de no enfrentar consecuencias judiciales proporcionales a la gravedad de sus delitos”.